“A mí no me van a frenar, no me van a detener y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque tengo el mandato para hacer justicia a ocho millones de veracruzanos; y para que haya justicia se requiere que quienes asaltaron las arcas públicas regresen lo que se robaron, pero también que vayan a la cárcel”.
La anterior es una declaración que el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, le dio a Óscar Mario Beteta, en su programa de Radio Fórmula, a propósito del desastre financiero que Javier Duarte ha dejado en la entidad; y es que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, en los casi seis años que lleva en el poder, el aún gobernador incrementó en 113% la deuda del estado, al pasar de 21 mil 500 millones de pesos, en 2010, a casi 46 mil millones al cierre de marzo.
Pero eso no es todo. El gobierno de Duarte también adeuda a proveedores y contratistas 13 mil millones de pesos, mismos que pretende cubrir con lo que se recaude a través del impuesto sobre nómina, cuando esos recursos originalmente estaban destinados a infraestructura, situación que tiene muy molestos a los empresarios de la entidad, quienes incluso han amenazado con dejar de pagar ese gravamen.
De acuerdo a datos proporcionados por Yunes Linares, dentro de la larga lista de proveedores y contratistas se encuentra Roberto Esquivel, a quien se le adeudan 72 millones de pesos; pero ¿quién es esta persona? Nada más y nada menos que un socio del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita; es decir, el titular de Seguridad se compraba a sí mismo. En la actualidad esa dependencia debe casi 615 millones de pesos a 315 proveedores.
Nos dicen que, como éstos, hay cientos de casos en los que funcionarios o personas muy cercanas a Javier Duarte se han enriquecido de manera inexplicable e, incluso, han comprado propiedades en las zonas más exclusivas de Houston, Texas, donde piensan tener un retiro dorado.
El Gobierno federal tiene una muy buena oportunidad para demostrar que su lucha contra la corrupción y la impunidad va en serio. Con las múltiples pruebas que se han aportado tendría que abrir una investigación a fondo, y de ser hallado culpable, Javier Duarte debería ir a la cárcel.
Casos similares, respuestas diferentes
Desafortunadas las declaraciones del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en el caso de la ejecución de Ambrosio Soto, alcalde de Pungarabato, a quien prácticamente responsabilizó por “haber viajado a una hora inconveniente en una zona de alta peligrosidad”.
Contrasta con la respuesta puntual del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en el asesinato de Domingo López González, edil de San Juan Chamula; de inmediato el Jefe del Ejecutivo estatal viajó a la zona y atendió de manera personal el caso. El resultado: seis detenidos como presuntos responsables del crimen.