Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, quienes marcharon hoy en la Ciudad de México al cumplirse 22 meses de la tragedia, señalaron que están “como el primer día” por el nulo avance en las pesquisas.
“A 22 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros el balance (en la investigación) que hace el movimiento (de padres) no es positivo. Es un balance que nos indica que estamos como el primer día”, dijo el abogado de los padres Vidulfo Rosales en un mitin que transcurrió en la céntrica Avenida Reforma.
El representante señaló que no tienen resultado alguno y hasta la fecha “lo único” con que han “contado es con un proceso de investigación turbio e irregular”.
Rosales acusó a la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) de ser un organismo que “lejos de brindar certezas, se dedicó a tergiversar la verdad y obstaculizar el proceso de investigación”.
También “a generar más incertidumbre y un dolor adicional a los padres con una verdad oficial que resultó del todo falsa”.
El abogado aseguró que hasta este día “no existe una sola prueba científica” que acredite la versión de que los jóvenes fueron asesinados y sus restos incinerados en el basurero de la localidad de Cocula.
Según la versión oficial de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron sus restos en un basurero de Cocula.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras meses colaborando en el caso presentaron un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.
También alertaron de un “rechazo latente” del Gobierno a versiones distintas a la oficial y la tortura de al menos 17 testigos detenidos.
Los expertos señalaron la existencia de “otras rutas de desaparición y de otras líneas de investigación”, además de nombres de políticos y otros personajes, recordó hoy Rosales.
Consideró que el Gobierno mexicano perdió el tiempo en la investigación, en la que se utilizaron todos los recursos del Estado para crear al final una campaña de difamación en contra del grupo de expertos y de los padres de familia.
Estos últimos nunca han creído la tesis oficial y piden que se investigue al Ejército y la Policía estatal y Federal.
El representante subrayó que una de las demandas de los padres es la creación de un mecanismo de seguimiento especial integrado por la CIDH, que esta semana se espera que se concrete en Washington luego de varias reuniones entre padres y el Ejecutivo.
Para que este sea efectivo, continuó, el mecanismo se ha de poder desplegar, hacer la investigación en México, dar seguimiento al expediente, tener facultades amplias y ocupar el tiempo necesario para su labor, enumeró.
Rosales dijo que el mecanismo especial de supervisión internacional es “fundamental” para el caso porque ya no creen en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ni en la PGR, ni en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
“Por todo lo que ha construido en la investigación y toda la sarta de mentiras que han inventado a los padres”, finalizó Rosales.
tpc