El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño a Teresa González Cornelio, indígena hñähñú, quien junto a otras dos mujeres fueron acusadas del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

 

A través de un comunicado, el Centro Prodh indicó que dicha resolución es de carácter inapelable y ordena a la citada dependencia a difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa.

 

El caso de Teresa González, es el segundo acompañado por el Centro Prodh donde el TFJFyA ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR.

 

En mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial. Esta sentencia ya fue notificada a la PGR por lo que el plazo de cuatro meses para que sea cumplida está en curso.

 

Teresa González permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la AFI, quienes supuestamente realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.

 

La indígena fue liberada tras la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atraer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la queretana con el acompañamiento legal del Centro Prodh. No obstante, la Procuraduría se negó a reconocer su inocencia.

 

Amnistía Internacional nombró a Teresa González presa de conciencia en febrero de 2010, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Teresa se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

 

El Centro Prodh señaló que con esta resolución, ya sólo queda pendiente el caso de la indígena otomí Alberta Alcántara Juan -quien fue detenida junto a Teresa y Jacinta-, debido a que la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación del daño; el caso se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

 

Ambas organizaciones consideran que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa, continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de reparación, pues con la lucha de las indígenas, se puede ganar un precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que genera el ministerio público cuando incurre en actividades irregulares. |dec