A un año del multihomicidio de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril –asesinados el 31 de julio de 2015 en esta capital– la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) sigue sin esclarecer el motivo del crimen.
El 31 de julio las cinco personas fueron encontradas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde residía Mile –de nacionalidad colombiana– y donde Olivia trabajaba como empleada del hogar, lo que provocó la indignación de grupos de activistas y defensores de la libertad de expresión.
Nadia Vera Pérez era activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Xalapa, capital de Veracruz, y en una entrevista difundida ocho meses previos al crimen, la joven responsabilizó al gobernador Javier Duarte “y a todo su gabinete” de “cualquier cosa” que le pudiera suceder a quienes participaban en movimientos sociales.
Rubén Espinosa trabajaba en el estado de Veracruz para la revista Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias, era además un activista que exigía medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las y los periodistas en esa entidad del oriente del país. Ambos se habían trasladado a la Ciudad de México en momentos diferentes en busca de seguridad.
Actualmente hay tres personas consignadas por los hechos, pero se desconoce el móvil y si alguien ordenó el homicidio múltiple, aunque la Procuraduría capitalina ha sostenido que se trató de un asesinato y robo cometido por un malabarista, un pulidor y un acomodador de automóviles.
La consignación de esas personas se dio en medio de una serie de filtraciones por parte de las autoridades a los medios de comunicación y de una campaña de criminalización hacia las víctimas toda vez que se cuestionó su vida privada, la nacionalidad de Mile y la posibilidad de que en el departamento se organizaran constantes fiestas.
Los abogados del Grupo de Acción para los Derechos Humanos y la Justicia Social; y de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que acompañan a las familias de las víctimas, sostienen que es necesario esclarecer qué sucedió para que haya justicia.
Fue el 28 de septiembre de 2015 cuando la Procuraduría capitalina rechazó valorar las pruebas ofrecidas por la defensa legal de las familias y dio por cerrada la investigación; sin embargo la familia de Nadia Vera presentó un amparo para evitar que se le diera carpetazo al caso.
El 18 de abril de 2016 el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió el amparo por lo que se obligó a la PGJDF a realizar nuevas pruebas, diligencias y líneas de investigación para esclarecer el caso y con ello garantizar el derecho a la verdad.
A tres meses de esa resolución no se han realizado las pruebas ni se han agotado las líneas de investigación propuestas por las familias, entre las que destacan ampliar peritajes en video y fotografía de las cámaras de seguridad; mejorar dictámenes de genética forense, y determinar las características físicas de la persona que dejó una huella de una pisada de sangre.
Tampoco se han ampliado las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, y del ex titular de la misma dependencia, Sergio López Esquer. Esta diligencia se solicitó porque Nadia y Rubén salieron de esa entidad por amenazas de funcionarios locales. (Con información de Cimac Noticias)
Exigen justicia
Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, denunció que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha hecho graves omisiones en su investigación.
Señala que todavía las autoridades no tienen un móvil claro que haya motivado el crimen.
Según su denuncia, hasta el momento no ha sido contemplada en las líneas de investigación la actividad de su hija como activista o la profesión del periodista Rubén Espinosa; ambos en la ciudad de Xalapa.
La madre de Nadia Vera agregó que todavía no se ha investigado al Gobierno de Veracruz, cuyos policías estatales —vestidos de civil— amedrentaron a su hija para que dejara el activismo, razón por la cual decidió emigrar a Distrito Federal.
Señala que las autoridades capitalinas no acataron los protocolos cuando interrogaron a funcionarios del gobierno veracruzano y que no se ha buscado el arma con la cual se cometió el crimen.
Por otro lado, Adriana Mejía Negrete, hija de Olivia Alejandra Negrete Avilés, una de las víctimas, afirmó que los tres presuntos responsables “deben ser castigados con todo el peso de la ley para que nunca salgan libres”.
En entrevista con Notimex, señaló que su madre, ese día estaba trabajando en el lugar de los hechos, “desafortunadamente perdió la vida a manos de esas personas, las cuales no merecen mi perdón”.
Afirmó que ahora corresponde al juez cumplir con su trabajo, como lo ha venido haciendo, y de encontrarlos culpables les debe imponer una larga sentencia para que no salgan libres, pues podrían causar daño a otras personas, enfatizó.