El pleno del Congreso local aprobó el dictamen de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que establece un marco jurídico para la colaboración de la Guardia Nacional en la capital del país.
Por unanimidad, con 49 votos a favor, los legisladores locales de los diferentes partidos avalaron la nueva legislación con la cual se deroga la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Sin embargo, los legisladores de oposición se reservaron una serie de artículos, entre ellos el 72 y el 73 que establecen los convenios de colaboración que deberán suscribirse entre autoridades capitalinas y la propia Guardia Nacional.
A propuesta del diputado Chirstian Von Roehrich, el pleno avaló la reserva al Artículo 73 solo para adicionar la palabra “temporalidad” a los convenios de colaboración de la Guardia Nacional que deberán suscribir autoridades capitalinas y no se modificó el 72 que refiere al mismo tema.
De esta manera el 73 indica que “en los convenios de colaboración con la Guardia Nacional se establecerán los términos, condiciones, obligaciones y derechos, así como temporalidad que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de seguridad ciudadana de la ciudad”.
Este mismo determina que se fijarán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional, a fin de que todas las instituciones de seguridad ciudadana de la ciudad las vuelvan a asumir plenamente.
Por su parte, el Artículo 74 menciona las responsabilidades de las instituciones de seguridad ciudadana y autoridades en la materia de la ciudad durante la vigencia de los convenios con la Guardia Nacional en territorio capitalino, entre ellas asistir a reuniones de coordinación.
Además, rendir informes periódicos sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales y en el ámbito de sus competencias propiciar las condiciones para el cumplimiento de los fines de la colaboración solicitada a la corporación.
En la sesión extraordinaria realizada en el recinto legislativo de las calles de Donceles y Allende, también se aprobó incluir en la ley aplicar exámenes de control para los policías y quienes no los aprueben sean asignados a otras funciones como administrativas u otras zonas de la ciudad.
Desde la tribuna, los legisladores de oposición reconocieron la apertura de la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada de Morena, Leticia Varela Martínez, pues al procesar el dictamen se incluyeron varias de sus propuestas, incluida cambiarle el nombre a la ley.
Esto en virtud de que la jefa de Gobierno envío al Congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana y el Partido Acción Nacional (PAN) propuso darle el nombre que al final quedó de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, antes de pasar al debate y votación de los 16 Artículos reservados, también la oposición criticó excluir la falta de reconocimiento de la seguridad social a los policías de la capital, que al final sí se consideró a petición de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño Ambriz.
Este junto con su compañero de bancada, Víctor Hugo Lobo Román, y el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo, así como Guillermo Lerdo de Tejada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reservaron el Artículo 44 de la Ley sobre el Consejo de Seguridad Ciudadana, pero las modificaciones que solicitaron no fueron aprobadas.
Los legisladores de los tres partidos pretendían que se le quitara la responsabilidad a la jefa de gobierno de nombrar a los 25 integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana, bajo el argumento de que esto haría perder el carácter propio del órgano y se convertiría en un consejo consultivo.
Gaviño Ambriz consideró que si bien la ley es vital para la capital del país, se debía corregir este tema y criticó que al procesar la ley, Morena les presentó a los integrantes tres dictámenes diferentes, aunque se expresó conforme con la última versión, salvo por algunos artículos.
Destacó que a partir de esta ley se crea un Sistema de Seguridad Ciudadano, pero también cuestionó la ciudadanización del consejo a partir de una invitación de la jefa de gobierno para integrarlo y no por convocatoria como la oposición lo planteó.
Lobo Román dijo que por la designación de los integrantes de dicho órgano, la ley se convierte en una de seguridad pública y no de seguridad ciudadana, pues la jefa de gobierno no tendrá oposición en el tema, por lo que la instancia se convierte en un despropósito.
En ese tenor, Barrera Marmolejo afirmó que el consejo será un órgano simulado de amigos, cuates y especialistas que la jefa de gobierno elegirá y no un ciudadano, por lo que pierde su razón de existir.
No obstante, reconoció que se logró incluir en la ley órganos de coordinación y de participación ciudadana como el Consejo de Seguridad Ciudadana, el gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia y de Seguridad Ciudadana en las Demarcaciones.
También la obligación de la autoridad de crear instancias policiales de proximidad como la policía cívica que vigilará el cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica, el establecimiento de un servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, así como regular la seguridad privada.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo cual en días previos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que una vez que se aprobara lo ordenaría de inmediato.
CS