Hasta el día de hoy, 3 abril de 2017, podemos decir que la estrategia gubernamental para acabar con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha funcionado. A poco más de tres meses del caótico 1 de enero, vale la pena revivir el episodio que al parecer, ha trazado la ruta hacia un futuro de mayor civilidad y cumplimiento de la ley.
El recrudecimiento del conflicto entre el gobierno de la República y la CNTE en junio de 2016, puso al primero en una situación bastante compleja. Tenía, por un lado, a una sociedad harta tanto con los bloqueos como con su inacción para hacer cumplir la ley. Y por el otro, a una CNTE que, en su batalla por hacerse escuchar, pisoteaba a terceros sin recibir el mínimo castigo a cambio.
El punto de quiebre del conflicto fue en septiembre de 2016, mes en el que el gobierno decidió cambiar no su estrategia política con el magisterio, sino su estrategia comunicacional con la sociedad. En ese mes, Peña Nieto realizó una cadena nacional para derribar los mitos más comunes con respecto a la reforma educativa –debido a la rampante desinformación, muchas personas falsamente creían que la reforma “privatizaría” la educación, que los libros de texto dejarían de ser gratuitos y otras cosas que por supuesto no contempla la ley-.
Aquel mensaje a la nación, un lunes a las 9:00 pm, permeó con éxito. El presidente sabía del poder de la herramienta, pero fue hasta ese momento que la vio como un recurso crucial para poner a la sociedad de su lado en el conflicto, y así, edificar una mayor legitimidad para afrontar el tema de los bloqueos. El país, inmerso en una pugna que podía detonar otras, necesitaba combatir la desinformación y el gobierno decidió llevar su versión de las cosas hasta la casa de los mexicanos.
Rompiendo esa brecha comunicacional con sus gobernados, el presidente procedió a usar con mucha más frecuencia la cadena nacional. El artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a “los concesionarios de uso comercial, público y social de radio y televisión (…) a transmitir gratuitamente y de manera preferente (…) información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional (…) y protección civil”. Así que, con ley en mano, el gobierno aprovechó sus facultades para equilibrar el debate público que llevaba meses perdiendo.
Después de varios mensajes por esta vía entre septiembre y noviembre de 2016, la administración decidió usar dicha herramienta para, de una buena vez, poner fin al tema de los bloqueos –asunto en el que aun doblaba las manos por el fantasma del 68-. Así pues, el lunes 5 de diciembre a las 9:00 pm, en cadena nacional, el presidente anunció que a partir del 1 de enero de 2017, se aumentaría la presencia de la Policía Federal en las zonas de bloqueo con la expresa orden de no permitir más los ahorcamientos sociales y económicos en diversas zonas del país.
Esto no implicaba regular las manifestaciones o limitar la libertad de expresión –el presidente no entraría en ese laberinto-, sino simplemente respetar los derechos de terceros que padecían la disputa política. Si bien el tono fue prudente –anunció también que pidió la incorporación de observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que verificasen el actuar y equipo de los contingentes policiales en todo momento-, los comentaristas políticos coincidieron: Peña Nieto daba un ultimátum a la CNTE y a su táctica de toma de rehenes.
Antes de actuar, se buscó convencer a la sociedad. Varios –con sobrada razón- criticaron esto, argumentando que el gobierno no tenía que pedir permiso para hacer cumplir la ley. En un país normal, la ley se cumple y la sociedad la acata; esto gracias a la legitimidad que el proceso democrático confiere a las normas. Pero en México, donde muchos ven a la clase gobernante como el enemigo, el proceso tuvo sus peculiaridades: primero, el gobierno avisó que iba a cumplir la ley. Pero al transparentar su plan, Peña Nieto se blindó ante posibles argumentos de represión.
El 1 de enero de 2017, como usted recordará, fue un caos total. Hubo violencia y, lamentablemente, fallecidos. Pero había algo diferente esta vez. No era Nochixtlán. Esta vez, el gobierno contaba con amplio apoyo social para retirar los bloqueos. La ciudadanía, si bien indignada por la violencia, ahora entendía que apoyar la aplicación de la ley no era ponerse del lado de Peña Nieto o de la CNTE, sino del lado de México. El triste episodio hizo las veces de catarsis nacional, y aquel mecanismo de extorsión en el que un grupo minoritario doblaba al gobierno y pisaba a la sociedad, perdió vigencia. En días subsecuentes, bloqueos-respuesta menores fueron retirados con relativa facilidad. En palabras del secretario de Gobernación, lo que vimos ese día no fue mano dura sino mano firme.
Hoy, 3 de abril de 2017, recordamos aquel episodio como una dolorosa victoria para el Estado de Derecho. En un país en el que ni la ley cumple la ley, aquel destello de orden y respeto a los ciudadanos se perfila para transformarse en algo cotidiano, como en cualquier democracia funcional. La CNTE, al no poder bloquear ya las vías públicas, ha tenido que recurrir a aquello que nunca debió abandonar para lograr sus objetivos: la palabra.