La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que trabaja junto al gobierno mexicano para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, esto por medio de recomendaciones específicas para su buen funcionamiento.
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, aseguró que si bien las reformas publicadas el 18 de julio pasado son un paso hacia adelante, ahora lo importante es su implementación.
“Al igual que con el resto de los esfuerzos de reforma que México ha llevado a cabo, la clave para un cambio real radica en la implementación. Este marco pone a México al día de acuerdo con las mejores prácticas de la OCDE, pero ahora tenemos que hacerlo funcionar”, dijo en un mensaje a medios difundido en la página web del organismo.
El secretario general de la OCDE añadió que por parte del organismo internacional, se trabaja en un estudio llamado “integridad en México”, en el cual darán a conocer su diagnóstico sobre la implementación y recomendaciones para mejorar las políticas anticorrupción.
Gurría puso especial énfasis en lo que deben hacer las entidades federativas, pues si bien el gobierno federal encabezará los esfuerzos a nivel nacional, los estados deben de replicar el Sistema Nacional para que en verdad funcione la reforma.
Según explicó, otra responsabilidad concreta de los estados tendrá que ver en la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización, del cual dependerá la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en los tres niveles de gobierno.
“Esto podría cambiar significativamente la percepción de corrupción en los estados y municipios y mejorar las perspectivas de los ciudadanos sobre una mayor integridad en la prestación de servicios públicos”, añadió.
Finalmente, Gurria mencionó que también coadyuvan en la capacitación de los servidores públicos para que su trabajo incluya valores y leyes, esto para que tengan la iniciativa de denunciar los actos de corrupción sin el miedo de recibir castigo de alguno de sus superiores afectados.
Efectividad
Con la adopción de estas leyes, México pone en marcha medidas que la OCDE considera efectivas, como establecer un nuevo Comité Coordinador responsable del diseño, implementación y coordinación efectiva de las políticas anticorrupción, además de convertir a los ciudadanos en actores clave del Sistema Anticorrupción a través de un Comité de Participación Ciudadana.