La consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Tania Espinosa Sánchez, asegura que la recomendación 7/2016, emitida por el organismo, es la primera en el tema del servicio público de limpieza.

 

Sin embargo, en un texto de su autoría, la también abogada señala que el documento se queda corto, pues existen puntos que no fueron tocados.

 

Como por ejemplo, “que la infraestructura destinada a limpieza, contamine en vez de favorecer al ambiente. De dos mil 460 camiones, insuficientes para el servicio, 41% son de los modelos entre 1992 y 2002; 22%, de 1981 a 1991, y 9%, de 1970 a 1980”, señala la experta.

 

 

Aquí el texto completo de Espinosa Sánchez

 

 

Un ejército de trabajadores invisibles limpia la CDMX

 

 

El gobierno de la CDMX somete a más de 10,000 personas que gestionan las 12,893 toneladas de basura que generamos diariamente, a trabajar sin salario y en abominables condiciones de higiene y salubridad. Indigna que para prestar un servicio público, el gobierno perpetúe discriminación y pobreza, poniendo en juego la limpieza de la Ciudad y afectando la salud de todas las personas que transitamos y habitamos la Ciudad de México. A eso se refiere la recomendación 7/2016 de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, primera en el tema, que incluye valiosos puntos recomendatorios que cambian el paradigma del servicio público de limpieza, pero que es omisa en otros que me gustaría resaltar aquí.

 

Es incongruente que el Gobierno de la Ciudad y las delegaciones, utilicen mano de obra gratuita para que funcione el servicio de limpieza. Las personas trabajadoras “voluntarias” van de 150 a 2000, dependiendo la delegación, quienes ahora tendrán que hacer un censo para conocer el número real. Ellas realizan el trabajo que es obligación del gobierno y son consideradas de una categoría inferior a pesar de que se les asigna un tramo y un horario.

 

Resulta que los voluntarios – con sus tambos de basura, carretas o arriba del camión – viven de las propinas y de los reciclables que rescatan y venden. Además, deben pagar al chofer del camión para vaciar sus tambos o trabajar en el camión. La próxima vez que te pidan propina por llevarse tu basura, no te enojes con el trabajador, sino con el gobierno que no les paga.

 

Esta aberrante práctica también existe en las plantas de selección, instalaciones del gobierno en donde la basura mezclada pasa por bandas. Las personas pepenadoras hacen lo que no se hace en casa, separan los residuos inorgánicos de los orgánicos, y disminuyen la cantidad que se entierra en los tiraderos. Viven de los reciclables que comercializan; sin embargo, hay quienes controlan las relaciones con compradores y asignan el precio de compra del material a los pepenadores. Es incierto el por qué la recomendación no pide a Obras y Servicios un censo de esa población, ni exige regularizar esta situación.

 

Quienes logran un contrato tampoco la tienen fácil. Los campamentos y bodegas son inhabitables, sucios, sin agua en sanitarios y regaderas, sin iluminación. En las plantas de selección hay charcos con líquidos putrefactos y plagas. La pesadilla se agudiza para quienes no tienen contrato: sin uniformes, equipo adecuado, ni seguridad social pese al alto riesgo de su trabajo.

 

La Comisión determinó la violación del derecho a remuneración y seguridad social, de estas personas en situación de pobreza. Llama la atención que eso no se incluyó en los puntos recomendatorios, ni diga quién es la autoridad responsable de reparar.

 

Es escandaloso que la infraestructura destinada a limpieza, contamine en vez de favorecer al ambiente. De 2,460 camiones, insuficientes para el servicio, 41% son de los modelos entre 1992 y 2002, 22% de 1981 a 1991 y 9% de 1970 a 1980; de los aspersores y extractores de las 12 estaciones de transferencia, 0% funciona, propagando humos, partículas y polvo. Además, SEDEMA va un año tarde en la actualización del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y ninguna delegación cuenta con un programa de limpia.

 

Falta transparencia. No se entiende por qué el PGIRS de 2010 dice que las plantas de selección son propiedad del gobierno y la recomendación dice que la de Santa Catarina “es un predio de propiedad privada que cuenta con equipo y maquinaria proporcionada por el gobierno, pero administrada por una persona privada”. Es gran coincidencia que la familia de Cuauhtémoc Gutiérrez esté a cargo de la planta.

 

La recomendación 7/2016 es el primer documento oficial que clarifica que la explotación se mantiene por la permisividad del gobierno, quien se beneficia reduciendo sus costos de operación. Transformar nuestro trato con la basura y con las personas que trabajan con ella, creará una CDMX más limpia y equitativa.