¿Qué podría tener de particular que haya una manifestación en la Ciudad de México, cuando hay cientos de ellas al mes?
Bien, pues lo que tuvo de particular la movilización en torno al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma el 16 de junio pasado fue que la encabezaron los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
No es muy común que el sector empresarial se haga notar de una forma que no sea una conferencia de prensa o un evento donde aplauda alguna acción del Gobierno federal.
Esa manifestación en el Ángel con pancartas y consignas estaba dirigida al Congreso de la Unión para que diera marcha atrás a la rabieta de los senadores de aplicar la Ley 3 de 3 a los particulares que tuvieran relación con los gobiernos. Consiguieron un veto presidencial.
La llamada cúpula empresarial habitualmente comulga con la actuación del Gobierno federal. De hecho, se ha visto más cercanía entre los líderes empresariales con el actual gobierno priista de lo que tuvieron con los gobiernos panistas. Porque a pesar de la identificación proempresarial que tiene el PAN, al PRI le encanta el modelo corporativista que encarnan muy bien las organizaciones de la IP.
Las cámaras y confederaciones aguantaron el ramalazo de la reforma fiscal y lo hicieron porque a la par llegaron las reformas energética y en telecomunicaciones que tanto anhelaban.
Todo iba bien, hasta hoy.
La realidad es que la permisividad que ha mostrado el gobierno de Peña Nieto ante la violación sistemática de las leyes por parte de los grupos que eligieron la bandera magisterial para desestabilizar es algo que ya se nota hasta en el Producto Interno Bruto.
Está claro que el modelo de presión, con tácticas bien estudiadas para violentar la paz pública, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo mella en uno de los puntos que más importa al área responsable de la gobernabilidad de este país: buena imagen y la fama públicas.
Todo el estoicismo mostrado por el secretario de Educación Pública para defender la aplicación de la reforma educativa se topó con una tolerancia a la violación de las leyes por allá por Bucareli.
Los empresarios no van a dejar de pagar impuestos, porque los multan y los embargan. No van a cerrar calles, porque a ellos sí los quitan con granaderos. No van a parar sus actividades productivas, porque si no se quedan sin ingresos.
Lo que pueden hacer lo están haciendo: llamar la atención.
Si de presión se trata, el sector empresarial no tiene troncos para bloquear carreteras o vías del tren; tiene en su poder la contabilidad de daños económicos por más de siete mil millones de pesos que le explican a la gente por qué hoy está peor que antes.
Alzar la voz, llegar a las primeras planas, evidenciar a la autoridad a través de amparos es hasta ahora la mejor manera de que se cumpla su exigencia, que es una: que se aplique el Estado de Derecho.