Al pensar nuevamente en el tema de mi siguiente escrito, recordé que una parte relevante de la reforma política que, entre otras cosas, convirtió al DF en Ciudad de México debería también considerar la vinculación práctica de la urbe con la zona metropolitana.

 

Esta metrópoli forma parte de una conurbación conocida por muchos años como Zona Metropolitana de la Ciudad de México y hoy denominada Zona Metropolitana del Valle de México. Esta zona desborda, evidentemente, a la urbe (como antes al DF) y constituye una comunidad de vida compartida por millones de mexicanos que aquí habitamos, estudiamos, trabajamos y dormimos, y que nos desplazamos por ella sin parar mientes en los límites políticos y administrativos que cruzamos en nuestra actividad cotidiana.

 

Muchos de los problemas que padecemos, como la inseguridad pública, las fallas del transporte público, la basura, la contaminación, la escasez de agua potable, el deterioro de bosques y otros recursos naturales, son comunes a toda la región en la que nos asentamos.

 

Si reflexionáramos por un momento, con independencia de la existencia de una figura constitucional antes llamada Distrito Federal, ahora ciudad capital, y pensáramos sólo en la entidad sociodemográfica y política identificada por sus características comunes, el posible espacio de autodeterminación comunitaria no correspondería al estatus  jurídico del DF o de la capital, sino a toda la conurbación, lo cual es claramente incompatible con decisiones políticas previas, tanto de los estados circunvecinos, como de la Federación.

 

Llevar hasta sus últimas consecuencias  la voluntad de autodeterminación comunitaria pugnaría con una realidad política y jurídica preexistente. Difícilmente algún estado o la propia ciudad estarían de acuerdo en ceder un espacio de su territorio y su soberanía en el ánimo de crear una zona metropolitana con total autodeterminación, menos un estado más de la federación.

 

Pero, ante esto, es un hecho que hoy la reforma política de la metrópoli tendrá que considerar con profundidad y visión de futuro, como plantear algunas bases nuevas de coordinación efectiva y eficaz con todas las áreas conurbadas o en proceso de conurbarse con los límites de la ciudad. Es indispensable otra reforma que resuelva de manera legal, pero también práctica, qué hacer respecto a la zona metropolitana, por cierto, la más grande y abierta del país. Ello implica diálogo y acuerdos con las entidades federativas cercanas y voluntad política de la federación para coadyuvar en ese proceso.

 

Ya en un intento anterior de reforma política, en paralelo y en colaboración del Senado de la República con la Cámara de Diputados, se organizó una serie de foros y consultas abiertas en las entidades involucradas y se avanzó en varias iniciativas para crear una ley marco de zonas metropolitanas y otra específica para la del Valle de México.

 

Lamentablemente, estas iniciativas, incluyendo una de asentamientos humanos y desarrollo urbano,  se quedaron en el proceso y no lograron volverse ley. Ello habla de las dificultades que hay que vencer para lograr el convencimiento y la colaboración de todos los involucrados en el diseño y concreción de este tipo de disposiciones que deberán atender las demandas y necesidades de las poblaciones que viven en zonas conurbadas que, además, tienden a crecer.

 

Éste es un aspecto que la reforma en curso tendrá, sin duda, que considerar.

 

Es probable que, en las siguientes entregas, comience a hablar de asuntos más concretos y temas más prácticos, como el del agua. A reserva de volver con el asunto de la reforma política cuando haya más movimiento en el Constituyente.