Jorge Triana Tena, diputado federal del PAN e integrante de la Subcomisión de Examen Previo, informó que impulsará una iniciativa para abreviar el proceso para realizar un juicio político contra servidores públicos y dijo que está dispuesto a sumarse a la demanda de amparo que el PRD presentará en juzgados federales contra la omisión del órgano legislativo a revisar las solicitudes contra funcionarios, congeladas desde 2003.

 

En una entrevista con 24 HORAS, Triana Tena calculó que 80% de las más de 300 solicitudes de juicio político están sobreseídas porque el implicado ya dejó el cargo o, incluso, falleció.

 

Lamentó que a pesar de varias misivas enviadas a la Co-Presidencia de la Subcomisión de Examen Previo no ha tenido respuesta formal de por qué no ha sesionado este órgano por parte de los diputados priistas Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, quienes dirigen la Subcomisión.

 

“Esto debería ser materia de las reformas que tendríamos que hacer nosotros, en materia de transparencia, para poder agilizar los trámites de juicio político. Es un trámite muy burocrático, muy engorroso, que se presta a muchísimas situaciones que entorpecen el que fluya”, adelantó.

 

El panista cuestionó la justificación de Mercedes Guillén para no sesionar desde abril. En su momento, la diputada declaró a este diario que la determinación se tomó para evitar empalmar el trabajo de la subcomisión con la agenda de actividades en cada distrito de los diputados.

 

El también presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias consideró que el Poder Legislativo “no está ajeno” a los cambios que establece el Sistema Nacional Anticorrupción y que, en la actualidad, nadie puede cerrarle la puerta a la transparencia, lo que significa que en los próximos meses se tendrá que ajustar la normatividad interna de la Cámara de Diputados.

 

Entre los cambios más urgentes destacan la creación de la unidad de transparencia, dotar de personalidad jurídica a los partidos políticos para que sean sujetos obligados, y elaborar procesos de nombramiento de los contralores de las unidades administrativas del gobierno federal.

 

Resaltó que hay una agenda pendiente en la armonización de la reglamentación interna de San Lázaro en relación al trato y recursos que deben recibir los diputados independientes, los que renuncien a su fracción y los que sean reelectos a partir de la próxima legislatura.

 

“Tenemos que entrarle al tema porque sino todo lo vamos a estar cubriendo con acuerdos de la Junta de Coordinación Política y lo deseable es que tengamos una normatividad los suficientemente clara como para no recurrir constantemente a acuerdos”, concluyó.