A una oportunidad. La presidenta brasileña, suspendida de sus funciones, apeló a la OEA en un intento de suspender el proceso que le puede costar el cargo, mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio en su contra.
Cerca del fin. El destino político de la Presidenta suspendida, Dilma Rousseff quedó prácticamente sellado la madrugada de ayer, cuando senadores anunciaron su apoyo a la apertura del impeachment durante el debate presidido por el titular del Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski.
El partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT) en la cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de “víctima” de un proceso “ilegal”.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige a ese organismo de la OEA una medida cautelar que “suspenda” el juicio político, hacia el que el Senado ha dado un nuevo y casi definitivo paso.
Frente a lo que parece la inminente destitución de Rousseff, los diputados del PT afirmaron que van a “pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y que se restablezca en el país la normalidad democrática”.
La defensa de Rousseff, así como la demanda presentada a la OEA, niegan los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Sin embargo, la defensa sostiene que en ninguno de esos casos hubo una “participación directa” de Rousseff ni hubo dolo, que en su opinión serían requisitos fundamentales para sostener la acusación.
En mayo pasado, la CIDH se pronunció sobre la situación de Brasil y aunque no se refirió directamente al proceso, el comunicado sí citó el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una aparente crítica al juicio político.
Mucho más enfático ha sido el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien visitó dos veces a Rousseff antes de que fuera suspendida para expresarle su plena solidaridad.
En una de esas visitas, en abril pasado, Almagro declaró que el juicio contra Rousseff tiene un marcado tono “político”, carece de “certezas” jurídicas y siembra “dudas” entre los miembros de la OEA. AGENCIAS
Cartas marcadas
La última fase será una nueva votación en el Senado. El juicio definitivo comenzaría en torno al 25 de agosto, cuatro días después de la clausura de los Juego Olímpicos de Río 2016, y durará cinco días. Para su aprobación, la Cámara necesita el voto de al menos dos tercios de los senadores (54 de 81), cifra que ya superó en esta votación.