WASHINGTON. Unos 69 congresistas estadunidenses pidieron al secretario de Estado de EU, John Kerry, que presione a México para que afronte la “crisis de derechos humanos” en el país, resuelva los casos de desapariciones y acelere las reformas en los sectores policial, militar y de Justicia.
La petición se hizo en una carta encabezada por el congresista demócrata Alan Lowenthal y firmada por otros 68 legisladores, la mayoría demócratas y varios de ellos hispanos.
“Le urgimos a colocar la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones en lo más alto de nuestra agenda bilateral con México”, indica la carta dirigida a Kerry.
Los 69 congresistas se muestran “preocupados por los 27.000 casos sin resolver de personas que han desaparecido en el país desde 2007 y el lento avance de las reformas en los sectores militar, policial y de Justicia”.
Además, opinan que el “persistente uso de tortura por parte de México en las investigaciones criminales, detallado en un reciente informe de Amnistía Internacional, es particularmente alarmante”.
“Le alentamos a plantear a las autoridades mexicanas la importancia de respetar los derechos humanos, completar investigaciones competentes y llevar ante la Justicia a quienes violen los derechos humanos”, apuntan los legisladores.
También citan el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014, al indicar que “pese al gran nivel de escrutinio internacional que generó el caso, el Gobierno de México ha avanzado poco a la hora de hacer justicia, lo que pone en duda su compromiso con los derechos humanos”.
“Creemos que un contacto constante de Estados Unidos con el Gobierno de México en relación a este caso es crucial para descubrir qué ocurrió con los 43 estudiantes y llevar ante la Justicia a los responsables, incluidos los funcionarios mexicanos que han obstruido la investigación”, dicen los congresistas.
“Le urgimos a explorar activamente cómo podemos colaborar con las autoridades mexicanas para mejorar su capacidad de registrar y buscar a los desaparecidos, eliminar el uso generalizado de la tortura, e investigar y procesar a los responsables” de crímenes como los de Tlatlaya en 2014 y Oaxaca el pasado junio, agregan.
Los congresistas reconocen que el Gobierno mexicano ha dado “importantes pasos legislativos para impulsar protecciones de derechos humanos y reformar su sistema de justicia criminal”, pero opinan que “tener buenas leyes aprobadas no asegura la Justicia”, sino que hay que “aplicarlas y respetar los derechos humanos”.
La carta llega en un momento en que el Departamento de Estado está evaluando si bloquea o no una parte de los fondos de seguridad que destina anualmente a México dentro de la Iniciativa Mérida por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Para que se pueda desembolsar el 15 % de los fondos que se conceden bajo la Iniciativa Mérida, el Gobierno estadounidense debe enviar un informe al Congreso explicando el desempeño de México en materia de derechos humanos, y el año pasado, en octubre, el Departamento de Estado decidió bloquear esa porción.
“Es importante que el Departamento de Estado escuche que hay congresistas preocupados por esto, especialmente ahora que el Departamento de Estado está considerando si México ha cumplido las condiciones bajo la Iniciativa Mérida”, dijo Maureen Meyer, una experta en México en la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), en un correo electrónico.