La senadoras Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, presentaron esta semana una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual pretende que se pueda recurrir a juicios en materia electoral cuando las personas consideren que fueron víctimas de violencia política de género.
En la sesión de la Comisión Permanente, las senadoras presentaron la propuesta toda vez que aseguraron que uno de los principales retos para las mujeres que participan en el ámbito político y que enfrentan violencia es el acceso a la justicia y la reparación del daño.
La iniciativa modifica el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, añadiendo un inciso “e” que diga que se pueden presentar juicios ante los tribunales electorales alegando “la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género contra las mujeres con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales”.
Tras las denuncias de violencia política durante el proceso electoral de junio pasado, las legisladoras pretenden que las candidatas o mujeres electas en los comicios que fueron víctimas de violencia por razones de género, tengan herramientas de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales.
A decir de la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, se ha visto que la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia son los “juicios para la protección de los derechos político-electorales”, un recurso constitucional para la defensa de esos derechos.
De acuerdo con las senadoras, en los procesos electorales 2015 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), inició carpeta de investigación en 29 casos, en los que el común denominador fueron las amenazas, intimidación, ofensas, difamación, agresiones, y hasta asesinatos de mujeres que se atreven a disputar un encargo de representación popular.
En este sentido, al hablar en tribuna, la senadora De la Peña dijo que ya hay propuestas legislativas para modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las Leyes Generales de Partidos Políticos; de Delitos Electorales; y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tipificar la violencia política de género.
“Ya hay un avance en cuatro ordenamientos que van a ser reformados, en un trabajo muy importante con la FEPADE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente con la Sala Superior; por supuesto, con el Instituto Nacional de las Mujeres también, y con distintas expertas y, claro, también con las senadoras”, expuso la legisladora perredista.
Como conclusión, la senadora aseguró que se trabajará en conferencia con la Cámara de Diputados a fin de que en el próximo período de sesiones sea aprobado el paquete de reformas para establecer este delito y las sanciones aplicables, ya que es urgente garantizar la protección legal que necesitan todas estas mujeres que hoy están enfrentando violencia política.
A su vez la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Diva Hadamira Gastélum, quien preside la Comisión para la Igualdad en el Senado, destacó que las mujeres que ejercen cargos públicos y de decisión también enfrentan atropellos y obstáculos para encontrar justicia porque no hay figuras legales que las respalden.
Como ejemplo, las senadoras citaron los casos de la presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en mayo pasado presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.
En Chiapas también renunció la alcaldesa del municipio de Oxchuc María Gloria Gómez Sánchez; en el municipio de Tila pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido; y en el municipio de Chanal, la presidenta municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupara su esposo, que se desempeñaba como síndico.
Además de estos casos en Chiapas, Morelos y Oaxaca, hay mujeres que ocupan cargos edilicios, que han sido violentadas y que han optado por presentar juicios ante las autoridades electorales en busca de una respuesta. La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
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