Por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF revocó el Decreto 216 emitido por la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas y ordenó reincorporar de inmediato a Rosa Pérez Pérez, como presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, cargo para el que fue democráticamente electa.
La Sala Superior consideró también que las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública de Chiapas deberán implementar medidas de seguridad para proteger la integridad física de Pérez Pérez, de los integrantes de todo el cabildo y de la comunidad, así como resguardar el orden y la paz en el referido municipio.
La depuesta presidenta municipal indígena promovió per saltum, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para impugnar el referido decreto aprobado el pasado 5 de mayo que firmó contra su voluntad y razón por la cual se nombró a Miguel Santis Álvarez como su sustituto.
En sesión pública, la y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reprobaron no sólo la violencia política ejercida contra Rosa Pérez y la presión que recibió para dejar el cargo.
Pérez, quien fue postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es la primera mujer en gobernar Chenalhó, y primer gobernante de un partido que no es el Revolucionario Institucional, derivado de la elección realizada en el municipio tzotzil el 19 de junio de 2015.
“La renuncia de Rosa Pérez tiene que ver con su condición de mujer (…) de discriminación”, comentó el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Constancio Carrasco.
La Sala Superior “no puede dar por sentado que exija como fundamento de la negociación que una mujer no puede gobernar, no es acorde con la exigencia legales y constitucionales del Estado de derecho”, acotó.
Carrasco Daza consideró que este asunto es un llamado de atención a “todos nosotros, desde los tribunales electorales” para alentar la participación política de la mujer y garantizar que puedan permanecer en el desempeño de sus cargos”.
“No es asunto de política, es un asunto de derecho”, señaló a su vez el magistrado Manuel González Oropeza.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa calificó de inaceptable el contexto de violencia política ejercida contra Rosa Pérez.
Los magistrados consideraron que la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública del estado deben a través del diálogo y la concertación, de manera oportuna, adecuada y eficaz, crear los cauces para sensibilizar a las partes en conflicto a efecto de colaborar en el cumplimiento del presente fallo.
“Una vez que la ciudadana Rosa Pérez Pérez se reincorpore al cargo para el que fue democráticamente electa a través del voto popular, las autoridades antes referidas deberán informar a esta Sala Superior, dentro de un plazo breve y razonable, los actos que materialmente hayan llevado a cabo”, acordó el Pleno.
Consideró que todas las autoridades involucradas deberán proteger y respetar las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
Además, los usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social y política de las comunidades indígenas.
Esto es, “deberán garantizar el acceso pleno a la justicia y a una vida libre de violencia, con perspectiva de género, equidad y no discriminación”, destacó la sentencia elaborada por la ponencia del magistrado Carrasco Daza.
En la sentencia, los magistrados determinaron que la restitución de Rosa Pérez Pérez, como presidenta municipal del Ayuntamiento de San Pedro Chenalhó, Chiapas, comprende el pago de contraprestaciones y demás emolumentos que debió percibir desde la emisión del Decreto que se revoca.
El 13 de abril, la alcaldesa Rosa Pérez, presentó su licencia al cargo, bajo un clima de violencia política y por razones de género.
Ese día, pobladores del municipio irrumpieron en la sede de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y se llevaron retenidos a dos legisladores del PVEM, al argumentar que desde hace dos meses exigían la destitución de la alcaldesa.
Ante ello, más de 500 policías estatales se apostaron en la caseta de cobro de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas para impedir el paso de casi mil pobladores de Chenalhó que intentaban llegar a la capital del estado a fin de presionar a las autoridades de que Pérez fuera destituida.
Los indígenas bloquearon la autopista durante 12 horas y una vez que conocieron que la alcaldesa solicitó licencia a su cargo, regresaron a Chenalhó, donde a las 14:00 horas desalojaron la alcaldía, el DIF y el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena que tenían retenidos, además de liberar a los dos legisladores. Las protestas se desarrollaron durante cinco días. jms