La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, o mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción, de Nuevo León pareciera haber tenido justo hace una semana un fuerte revés jurídico, esto luego de que un juez decidiera no vincular a proceso al ex gobernador Rodrigo Medina por delitos graves como peculado.

 

En los siguientes tres meses, la fiscalía a cargo de Ernesto Canales deberá concluir sus investigaciones contra Medina por el delito de uso indebido de funciones y entregar sus conclusiones al juez. En ese tiempo el fiscal tendrá que demostrar que desde su cargo, el ex gobernador “influyó” en el desvío de más de tres mil 600 millones de pesos.

 

Un juez que, por cierto, al igual que la fiscalía se sorprendió con los argumentos del abogado Alonso Aguilar Zinser, quien durante la audiencia de la semana pasada le expuso al juez de Control, Jaime Garza Castañeda, que Rodrigo Medina sólo estaba siendo acusado por haber sido gobernador y no por haber cometido algún ilícito.

 

Situación a la cual la fiscalía sólo contestó que no se le quería procesar por haber sido gobernador, sino por los actos que pudo haber autorizado desde ese cargo.

 

Pero la realidad es que las investigaciones en contra de la administración de Rodrigo Medina aún no terminan ni se quedan en el famoso caso KIA; existen ocho mil contratos de obra pública que son irregulares y que forman parte del expediente que todavía no consigna la fiscalía.

 

Dichos contratos conforman un total de 40 mil millones de pesos a investigarse, y no sólo los tres mil 600 que hoy conocemos. La realidad es que la fiscalía cuenta con una pesquisa por seis mil millones de pesos, de los cuales aún no da a conocer el origen del desvío de otros dos mil 400 millones de pesos.

 

Lo cierto es que en estas investigaciones falta un elemento clave, mismo que ya está confrontando al Gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco y al Gobierno federal, pues parte fundamental de las pesquisas se encuentran en la de la SHCP, a cargo de Alberto Bazbaz.

 

Fue el propio Bazbaz el que hace unos meses se comprometió con el Gobierno del Bronco a entregar y compartir con la fiscalía anticorrupción las declaraciones fiscales, libros y registros de contabilidad de 15 ex funcionarios de distinto nivel y las de un hombre clave: Humberto Medina Ainslie, padre del ex gobernador de Nuevo León.

 

La hipótesis de la fiscalía es que es en las declaraciones y movimientos personales donde está el rastro del dinero involucrado en las investigaciones, pero la Unidad de Inteligencia Financiera no ha entregado lo solicitado.

 

Hoy, la fiscalía no tiene acceso a la información financiera ni a las pesquisas de la SHCP, un punto que, aseguran, podría ayudar a definir la inocencia o culpabilidad de las personas investigadas.

 

Pero el punto clave es lo que está encontrando la fiscalía en sus investigaciones, inversiones y contratos con diversas empresas que vinculan y relacionan en Monterrey no sólo al ex gobernador Rodrigo Medina, sino también al hoy gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

 

Las pesquisas han logrado ubicar un modus operandi,en el cual existe un operador financiero del que no se da el nombre y que tanto Medina como Borge han contratado para presuntamente lavar dinero en diversos sectores de Monterrey.