Tras el informe y recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió a los gobiernos federal y de Michoacán, por el caso del Rancho del Sol en que fueron ejecutadas 43 personas, ocurrido en mayo de 2015 en Tanhuato, se debe citar a una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal, a fin de que expliquen los hechos ocurridos y se comience a dialogar sobre una ley que regule el uso legítimo de la fuerza pública, aseguró Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Es urgente, dijo, “tomar al toro por los cuernos” y iniciar el debate de una norma general que establezca claramente la manera en la que deben proceder las autoridades durante un enfrentamiento así como cuando se logra someter a los grupos delincuenciales.
La senadora De la Peña aseguró que no se puede seguir enfrentando al crimen organizado sin un protocolo de actuación unificado que establezca los límites de acción de las autoridades.
La legisladora perredista precisó que no se busca que las autoridades no respondan a un ataque, sino de que no actúen de manera arbitraria, como se ha reportado en muchas ocasiones.
Informe de CNDH confirma lo que se sabía, ahora faltan sanciones
“Si, yo creo que ya son asuntos de procuración de justicia, de responsabilidades, obviamente de investigaciones más profundas, pero ya en el terreno de lo estrictamente judicial.
Martínez Neri refrendó que los resolutivos presentados por el ombudsman nacional confirman que, en México, los cuerpos policíacos siguen actuando de manera represiva, arbitraria, abusando de sus funciones e incurriendo en violaciones graves a los derechos humanos.
Yo creo, dijo, que los mexicanos, esperarían resultados, “una vez que hay hallazgos desde el punto de vista de la investigación, y que ya se proceda en lo conducente, ya finalmente nadie debe estar exento de la aplicación de la ley”, agregó.