La diputada local Nury Delia Ruíz Ovando, de Movimiento Ciudadano, presentó a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa una iniciativa con proyecto de decreto a efecto de sancionar el llamado “acoso sexual callejero”.

 

En un comunicado, expuso que se reformaría y adicionaría el Artículo 179 del Código Penal para la capital del país.

 

Destacó la necesidad de hacer cambios a ese código para ampliar el marco jurídico de protección a los derechos de la mujer, sancionando cualquier conducta que atente contra su dignidad, libertad, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, ampliando los supuestos en que se tipifique el delito de acoso sexual.

 

Además, incrementando las penas en los casos en que se cometa en espacios, instalaciones o transporte públicos.

 

Propuso considerar conductas de naturaleza sexual indeseable, por hacerse sin el consentimiento de la víctima y afectar su dignidad, pedir favores sexuales para sí o para una tercera persona; fotografiar o videograbar a una persona, siempre que la fotografía o video que se genere se difunda por cualquier medio; o realizar actos de exhibicionismo o masturbación frente a la víctima.

 

Dijo que de esta forma serán punibles las acciones del llamado “acoso callejero”, que consisten en fotografiar o videograbar a las víctimas, en espacios públicos, haciendo difusión de los materiales obtenidos a través de diversos medios, sobre todo en las redes sociales.

 

Ruiz Ovando detalló que dentro de los supuestos para agravar la pena que corresponde a este delito, se incluyen los casos en que se cometa en la vía pública, instalaciones o transporte públicos.

 

La asambleísta de Movimiento Ciudadano planteó que la pena de uno a tres años que contempla el Código Penal capitalino se incremente en una tercera parte, en diversos casos.

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima; o cuando la conducta del agresor contra la víctima se haga en la vía pública, instalaciones o vehículos destinados a prestar un servicio público.

 

Por otro lado, afirmó que en las medidas legislativas y políticas para prevenir y responder a la violencia sexual, todavía existen tareas pendientes.

 

Ello, agregó, ya que las disposiciones constitucionales, convencionales y legales que a la fecha protegen los derechos de las mujeres para transitar en espacios públicos seguros, libres de cualquier tipo de violencia y sin sufrir discriminación, no han sido lo suficientemente eficaces para garantizar su seguridad y la igualdad de género.