El 1 de septiembre se realizará la sesión de apertura de trabajos del Congreso de la Unión, durante la cual el Presidente de la República debe presentar por escrito un informe sobre la situación que guarda la administración pública federal.
Desde hace ocho años, el encargado de entregar este informe al Congreso es el titular de la Secretaría de Gobernación.
Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados se reunirán la próxima semana para afinar los detalles de esta sesión, que será presidida, por primera vez, por el diputado panista Javier Bolaños Aguilar, próximo líder de San Lázaro.
Para el 31 de agosto, el actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva (PRD), convocó a la sesión preparatoria del segundo año de ejercicio de la 63 Legislatura, en donde será votado el acuerdo para que entre en funciones su sucesor, Javier Bolaños Aguilar.
Durante la sesión de Congreso General del 1 de septiembre, y una vez que se reciba el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los ocho grupos parlamentarios representados en San Lázaro y un diputado independiente posicionarán en tribuna su visión de cómo está el país.
Una vez que tenga en su poder el informe por escrito, el Presidente del Congreso de la Unión formulará en voz alta la siguiente declaratoria: “El H. Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del Presidente de la República”.
Además de cumplir con lo que manda la ley, el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado que este año no llevará a cabo el mensaje en Palacio Nacional al que tradicionalmente estaban invitadas las élites políticas, empresariales, sociales y religiosas del país.
“Éste año va ser distinto, será un informe diferente a como normalmente y tradicionalmente se ha presentado. Cumpliré con el mandato de presentar mi informe ante el Congreso de la unión por escrito”.
Trámite legislativo
Luego de recibir el Informe de Gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado de la República analizarán el documento y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante preguntas por escrito, además de citar a secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes deberán comparecer y responder dudas de los legisladores bajo protesta de decir verdad.