Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que en México la situación de las personas desaparecidas deja en evidencia la falta de capacidad y voluntad para dirigir investigaciones eficaces.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra este martes 30 de agosto, el organismo instó a “investigar penalmente con debida diligencia ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desapariciones de personas”, según recoge un boletín.
Por ello, junto a organizaciones de la sociedad civil presentó una guía de estándares básicos, y exigió a las autoridades “fortalecer sus capacidades de investigación de conformidad con el derecho internacional”.
Este guía contiene información vital para un país “en que se desconoce el paradero de más de 28,000 personas, según datos oficiales, y en el que las autoridades suelen realizar investigaciones omisas y deficientes”.
Las organizaciones destacaron que los miles de casos sin resolver ponen de manifiesto la necesidad de crear una Fiscalía General “auténticamente independiente”.
Por ello, “hicieron un llamado al Senado para que al discutir y aprobar la creación de la Fiscalía, que sustituirá a la actual Procuraduría, garantice la independencia y autonomía de la institución”.
Según el comunicado, en los últimos años, “los casos de desaparición ocurridos en el país muestran que las fallas en las investigaciones comparten elementos comunes, en los que destaca que la búsqueda de personas desaparecidas se inicia tarde y se ejecuta de forma deficiente”.
Las organizaciones destacaron que tampoco se preservan ni recolectan adecuadamente las evidencias, lo que obstaculiza seriamente las investigaciones y el reconocimiento de cadáveres, y falta una correcta reparación del daño a las víctimas.
La guía de estándares básicos es una publicación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que da cuenta de las principales obligaciones que bajo el derecho internacional tiene México en la gestión e investigación de casos de desapariciones y de otras graves violaciones a los derechos humanos.
“Esta publicación contribuye a fortalecer las capacidades de investigación de las autoridades y a brindar mejores elementos a familiares y sus representantes legales para ejercer sus derechos”, concluyó el escrito.
La guía está suscrita por el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Due Process of Law Foundation, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y AI.
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