El Paquete Económico 2017, entregado por la SHCP al Congreso para su revisión, refleja buenas intenciones en la contención del gasto público, pero queda lejos de los verdaderos objetivos de la reducción de la deuda pública y del déficit fiscal, lo que podría mantener en riesgo la calificación crediticia de México en 2017.

 

La estrategia macroeconómica y fiscal presentada intenta mitigar los posibles choques externos que enfrentará la economía mexicana en el ámbito internacional.

 

Primero, al evaluar las variables macroeconómicas consideradas vemos algunos puntos relevantes. Por un lado, el tipo de cambio en niveles de 18.20 significa que el comportamiento del peso mexicano estará “menos volátil” que lo que va de 2016. Hasta ahora, la divisa nacional registra un promedio diario en 18.23 con un rango de actuación entre 17.05 en abril y hasta 19.50 en junio pasado. La perspectiva de crecimiento anual de la economía se tenía más en el orden de 3.0% y actualmente se ubica alrededor de 2.0%. ¿Qué pasaría si el peso mexicano enfrenta una reestructura de flujos de inversión internacional en donde observemos posibles salidas en el mercado de dinero?

 

¿Qué pasaría si las calificadoras crediticias se muestran poco confiables a este presupuesto y el entorno internacional es más adverso? En ese caso, nosotros no dudamos de poder ver al peso mexicano en nuevos máximos históricos, en el que no se descarten niveles de 20.00 o más, por momentos. En ese caso, ¿qué pasaría con el riesgo de transferencia de costos en donde la inflación al consumidor se estima en 3.0% y en donde los precios al productor ya no puedan contener el costo y tenga que ir transfiriendo hacia el consumidor final, como ha ido sucediendo en muchos productos fuera de la canasta básica?

 

Con un recorte “teóricamente fuerte” en gastos por parte del gobierno y una resistencia del inversionista privado hacia la inversión, vemos difícil mantener un ritmo de crecimiento similar como hasta ahora y en donde ya existe un riesgo de menor crecimiento para la economía en el segundo semestre del año, como lo manifiestan las previsiones recientes de crecimiento por parte del Banxico.

 

El precio del petróleo estimado en 42 dólares aparenta ser “realista”, y con la cobertura realizada en semanas pasadas parece hacerlo menos vulnerable en los ingresos.

 

Por otro lado, si se estima concluir con un balance primario en 2017 de 73 mil 325 millones y el costo financiero será de 568 mil 198 millones, el superávit representa apenas 13% del pago por servicio de deuda, por lo que el nivel de deuda pública tendrá que crecer. El rubro de gastos no programables registra un aumento de 12.1% y será el más relevante a seguir.

 

Parece que la verdadera reducción en el gasto corriente le cuesta mucho trabajo a la administración actual. Sabemos también que vienen tiempos electorales, muy importantes para el PRI como las elecciones en el Estado de México.

 

Pero qué costo preferimos asumir; el riesgo de un cambio de administración sexenal por un costo político por mantener la “prudencia y responsabilidad” o buscar mantener el poder político a costa de un desorden económico con depreciaciones de mayor índole, baja en la calificación crediticia y un crecimiento económico más vulnerable.