El Desarrollo Urbano de la Ciudad (Segunda Parte)
Sin tener un Programa General de Desarrollo Urbano, consultado con la ciudadanía y actualizado como establece la ley correspondiente, el jefe de Gobierno de la ciudad ha tratado de hacer adecuaciones con su muy personal punto de vista, en la ley de la materia, para ajustarla a su propia idea del urbanismo y del ordenamiento territorial.
Así, por ejemplo, en septiembre del año 2015 sometió a la consideración de la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar los artículos 41 y 42 y adicionar un artículo 41 bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. En la exposición de motivos de dicha iniciativa se pretende destacar la importancia de esa ley “… como reguladora del ordenamiento territorial y de la planeación del desarrollo urbano de la ciudad para garantizar su sustentabilidad…”. Sin embargo, en las modificaciones propuestas no se advierten cambios sustanciales, incluyendo el artículo que “se adiciona” y que sólo incorpora un punto referente al Comité Técnico de Modificación a los Programas.
A pesar de ello, la iniciativa no ha sido discutida ni, por supuesto, aprobada en el órgano legislativo local. Tampoco hay señal alguna de que se quiera tener un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano.
En este escenario de falta de regulación urbana correcta, el gobierno citadino pretende justificar sus autorizaciones y operación urbanas a través de Normas de Ordenación General, como la número 26, la 30 y la 31, que en realidad deberían formar parte de la norma, pero más bien le proporcionan a las autoridades locales herramientas parciales y fuera de contexto, que se acomodan a los intereses de desarrolladores inmobiliarios.
La ausencia de programa y ley, completos y actualizados, incide gravemente en un crecimiento urbano sin concierto y sin control, que está muy lejos de “garantizar sustentabilidad”.
Además, la aplicación en su momento de normas como la 26, que supuestamente debía estimular la “producción de vivienda sustentable de interés social y popular”, ha servido para violentar usos de suelo, acumular terrenos que tengan colindancia con una vía primaria y construir edificios con departamentos que están lejos de tener características de interés social o popular, y que asfixian colonias e incluso pueblos, con enormes edificaciones que trastornan la paz, la vialidad y la vida tradicional de muchos sitios. Esta norma ha sido materia de varias suspensiones y “notas aclaratorias” ante la inconformidad notoria de los vecinos por el abuso en el número de viviendas, pisos excedentes y precios evidentemente superiores a los del alcance “popular”. Todo esto, a ciencia y paciencia de autoridades complacientes.
Después de la inaceptable Norma 26, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda anunció la publicación de la número 30, que pretendía también “promover la producción de viviendas de bajo costo”; igualmente la número 31, destinada a viviendas de nivel medio y alto en 675 colonias de la urbe. Ambas fueron rechazadas enérgicamente por los vecinos, y en ningún caso han sido consideradas por la Asamblea Legislativa.
En síntesis, la actuación del Gobierno de la Ciudad de México en materia urbana resulta muy cuestionable, pues no ha sido capaz de definir una política clara y aceptada por los habitantes de distintas zonas, en aspectos tan importantes para su calidad de vida como la regulación de los asentamientos humanos y la ubicación de la vivienda. Esto indica incapacidad para planear, coordinar y concertar los asuntos urbanos, con aprobación de los distintos entes ciudadanos interesados o, más grave aún, de un desorden interesado por las ganancias personales o de grupo que puede representar.
Si después de cuatro años de una administración pública de la Ciudad de México sus autoridades no pueden cumplir con la ley y producir un Programa General de Desarrollo Urbano que se ajuste a ella, hay que sospechar que el caos es lo que mejor se ajusta a los apetitos de obtener ingresos cuantiosos, aunque no legítimos, para unos cuantos que se atienen a que en esta sufrida metrópoli, como en el país, no pasa nada que muestre la inconformidad de la mayoría. ¡Hasta que pase!