El periodista Esdras Ndikumana fue detenido el pasado año mientras cubría la noticia del asesinato de un alto cargo del Gobierno de Burundi y fue brutalmente golpeado por agentes de Inteligencia durante dos horas. “Tienes suerte de estar vivo”, le dijeron cuando intentó denunciar los hechos.
El reportero burundés se vio forzado a abandonar su país y ahora vive en Nairobi, desde donde reconoce que la presión de su Gobierno sobre los medios es constante. “Los considera sus enemigos”, lamenta en una entrevista con Efe.
Otro de sus colegas, Jean Bigirimana, se encuentra desaparecido desde hace dos meses. Lo último que se sabe de él es que fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia burundés, y su familia teme lo peor: que esté muerto.
Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), un centenar de profesionales de la información se han visto obligados a huir del país.
Desde la violenta crisis desatada en abril de 2015 por la aspiración y reelección del presidente, Pierre Nkurunziza, para un tercer mandato en contra de lo dispuesto por la Constitución, las torturas en Burundi se han convertido en “algo normal”.
“Con la excusa de combatir el terrorismo, hay una impunidad total en el país. La represión ha ido creciendo y ahora es sistemática”, lamenta Ndikumana, que ha trabajado más de 30 años como periodista en Burundi.
Su pesadilla personal empezó cuando cubría como corresponsal de la Agencia France-Presse (AFP) la muerte del exjefe de Inteligencia y hombre de confianza del presidente, Adolphe Nshimirimana, después de que su vehículo fuera atacado con un proyectil en la capital burundesa.
En aquel momento, Nkurunziza acababa de ser reelegido en mitad de multitudinarias protestas de la ciudadanía y denuncias de fraude electoral por parte de la comunidad internacional.
El reportero estaba tomando fotografías -con autorización, asegura- cuando un grupo de agentes del Servicio Nacional de Inteligencia lo arrestó y lo metió dentro de un camión donde había otras seis personas, entre ellas una mujer acusada de haberse reído de la muerte del general.
“Todos vieron lo que pasó”, critica Ndikumana en referencia a las 200 personas, entre ellos varios miembros del Gobierno, que fueron testigos de su detención.
“Dentro del vehículo, me pidieron que me acostara en el suelo. Me quitaron los zapatos y los pantalones. Empezaron a golpearme con una barra metálica”, relata el periodista, que señala las partes de su cuerpo que fueron objetivo de aquellos golpes: la espalda, las piernas y las plantas de los pies.
“Me quitaron la cartera, una pequeña cadena de oro que llevaba y mi anillo de boda. Intenté resistirme a que me quitaran la alianza pero entonces empezaron a golpearme con la barra de metal en los dedos”, cuenta.
La tortura terminó cuando un agente se acercó y pidió que pararan porque su jefe quería verlo. Entonces, fue trasladado a las oficinas del Servicio Nacional de Inteligencia, donde contó los malos tratos sufridos.
“Tienes suerte de estar vivo”, fueron las palabras que el periodista escuchó cuando denunció lo sucedido. Las autoridades miraron hacia otro lado y ahora su caso se suma a las muchas denuncias por abusos contra el Gobierno que han quedado impunes.
Según el periodista, antes de la crisis, Burundi era uno de los países de la región con mayor libertad de prensa, pero desde el año pasado “todo eso se ha destruido”.
Desde entonces, centenares de personas han muerto y otras 400.000 han tenido que huir de sus hogares, según la ONU, que ha enviado al país un grupo de expertos para investigar las denuncias de ataques sexuales y violaciones colectivas, desapariciones forzadas y la aparición de múltiples fosas comunes.
Aunque ejercer su profesión en Burundi no ha sido nada fácil, Ndikumana reconoce que le gustaría volver, si bien es consciente de que eso, actualmente, es “imposible”.