A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los familiares solo tienen la certeza de que los restos de uno de los jóvenes fueron localizados en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, del resto poco se sabe.
Hasta el momento, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), incluidas en 55 tomos, han llevado a la captura de 128 personas, 70 de ellas acusadas del secuestro de los estudiantes.
Entre los detenidos se encuentra el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda, así como Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, considerado por el gobierno federal como líder de Guerreros Unidos en el momento de la desaparición. Además, han sido asegurados policías y diferentes personas vinculadas al crimen organizado. Ninguno ha sido sentenciado.
Sin embargo, a 730 días de que fueron vistos por última vez los alumnos, se desconoce su paradero, e incluso, en el último año, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), plantean la posibilidad de que la “verdad histórica” que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, sea distinta.
Las aportaciones presentadas por ambos organismos, llevaron a la PGR a tener nuevas hipótesis sobre el caso. Una de ellas, según fuentes Ministeriales de la PGR, es que los estudiantes fueron divididos en dos grupos, y no privados de la libertad y de la vida en conjunto en el basurero de Cocula como lo informó Murillo.
El GIEI y la CNDH detectaron fallas en las investigaciones, así como la posible participación de elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública del municipio de Huitzuco, Guerrero. En abril pasado, los policías de ese municipio declararon ante el Ministerio Público de la federación, que el 26 de septiembre de 2014 no realizaron ninguna labor de seguridad fuera del municipio.
Sin embargo, al solicitar información a las empresas de telefonía sobre la actividad de los equipos móviles de los elementos, se detectó que los celulares de algunos de ellos estuvieron activos el día de los hechos en Iguala.
Autoridades de la dependencia buscarán que los dueños de los celulares acudan de nuevo al Ministerio Público para que amplíen su declaración y expliquen las contradicciones en su testimonio, y en su caso de detectar irregularidades, solicitar ante un juez su detención.
Las bajas
Por la falta de resultados, así como por el reporte de las investigaciones presentadas por el GIEI y la CNDH, familiares de los estudiantes solicitaron desde abril pasado la salida y el inició procesos penales en contra de diferentes funcionarios de la PGR.
Los padres aseguraron que era necesario indagar a funcionarios de la PGR, por la omisión de protocolos de investigación. A partir de las peticiones de los familiares, en los últimos meses tres funcionarios de la PGR relacionados con el caso, han dejado la dependencia.
En junio pasado Sara Mónica Medina Alegría, coordinadora General de Servicios Periciales, fue la primera funcionaria de alto rango en dejar la dependencia por señalamientos de los padres. El 12 de septiembre, César Alejandro Chávez Flores, titular de la Visitaduría de la PGR y encargado de las investigaciones sobre irregularidades en el Caso Iguala fue cesado del cargo. Dos días después,Tomás Zerón de Lucio, dejo la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La PGR no confirmó que la salida de los tres funcionarios se presentara por el caso Ayotzinapa, sin embargo, los padres consideraron que las salidas son por las irregularidades en las investigaciones.
Conmemoran con marcha
Este lunes se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus familiares convocaron a una marcha para no sólo conmemorar la fecha, sino para exigir la localización de los jóvenes y castigo a los culpables.
La cita es a las 16 horas en el Ángel de la Independencia y el objetivo es llegar al Zócalo donde planean realizar un mitin donde exigirán a las autoridades que no den carpetazo a la investigación, esto con la implementación del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dará continuidad a la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que desechó la llamada verdad histórica.
El recorrido de la marcha será por Paseo de la Reforma con dirección al centro para llegar a Avenida Juárez donde doblarán a la derecha; seguirán toda la avenida hasta Eje Central donde se incorporarán a 5 de Mayo para por ahí entrar al Zócalo. Al menos ese es el plan, pues en caso de que no les permitan arribar al Centro el mitin sería en el Hemiciclo a Juárez.
El caso sigue abierto: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció porque la desaparición de los 43 normalistas es un caso abierto, ya que sigue sin saberse el paradero de los jóvenes, punto que es el más importante de la labor de las autoridades.
En comunicado, la CNDH afirmó que su labor de investigación está en coordinación con organismos internacionales con el objetivo de saber qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El organismo informó que de las 57 Observaciones que le hizo a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Fiscalía General del Estado y al Municipio de Iguala sobre la investigación del Caso Ayotzinapa, sólo ocho ya fueron solventadas, mientras que 33 están en vías de atención y 16 siguen pendientes, por lo que urgió a las autoridades a trabajar en este sentido.