La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió solicitud del Ministerio Público federal para entregar información relativa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, confirmó el encargado de despecho, Javier Vargas Zempoaltecatl.
En conferencia, luego de encabezar un taller sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el también subsecretario de responsabilidades administrativas dijo que por tratarse de procesos administrativos que están en marcha no puede ofrecer mayores detalles.
Sin embargo, reconoció que en el caso de Duarte de Ochoa, “ya me solicitó información el Ministerio Público”, aunque dijo que es algo que de manera cotidiana le piden sobre numerosos funcionarios públicos.
Además, recordó que la ley le prohíbe hacer públicos casos específicos respecto a los gobernadores de Veracruz; Chihuahua, César Duarte, y el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Lo que sí dejó claro Vargas Zempoaltecatl es que están en marcha auditorías en todos los estados de la República y la Ciudad de México, en las que coadyuvan tanto la Secretaría de la Función Pública federal como las contralorías de las entidades.
Se vigila el correcto uso de los recursos públicos pertenecientes a los estados y, en su caso, las partidas federales que se otorgan a los gobiernos locales.
Respecto a los tres gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción, aclaró que “no serán juzgados por las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción”, pues los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido se habrían cometido antes de que éste entre en vigor (se espera que eso ocurra el próximo año).
Vargas Zempoaltecatl recordó que la secretaría es una autoridad administrativa y, por lo tanto, “no meterá a nadie a la cárcel”, pero puede encontrar elementos para aplicar sanciones a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.
Entre las sanciones el funcionario citó la inhabilitación por 20 años, el juicio político e incluso denunciar a los responsables ante autoridades penales.
Sobre las novedades que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que a nivel federal el número de funcionarios que están obligados a presentar declaraciones podría pasar de casi 300 mil actuales a cerca de tres millones.
También se podrá sancionar a particulares que hayan incurrido en actos de corrupción en su relación con funcionarios y entidades públicas.
El encargado de despacho, adelantó igualmente, que en fechas próximas se dará a conocer una aplicación para dispositivos móviles, mediante la cual los ciudadanos podrán presentar denuncias contra funcionarios, en las que se pueden añadir textos, videos o fotografías, como pruebas.
El sistema estará complementado con un “call center” abierto 24 horas, para recibir denuncias y las cuales generarán una clave y contraseña de usuario, para que el ciudadano le dé seguimiento desde que la presenta hasta que se genera una sanción.
En otro tema, se refirió al presupuesto solicitado por el Ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2017, que asciende a nueve mil millones de pesos, el cual incluye las operaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, Secretaría de la Función Pública y Órganos Internos de Control, entre otros.
A su juicio se trata de una suma suficiente para la labor y en la cual ya vienen presupuestados los nuevos organismos que considera el Sistema Nacional Anticorrupción, que podría estar trabajando en pleno a partir de mayo o junio del próximo año.