El Senado de la República dotó al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación que le brinda autonomía técnica y de gestión, y le garantiza asignación de presupuesto.
Esto, a través de las cámaras legislativas para que alcance los estándares de calidad necesarios y se consolide como un medio público que cumpla con su mandato de una manera efectiva y eficiente.
Con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, el Canal estará capacitado para realizar la más amplia difusión de las tareas del Congreso, y las actividades de interés público que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales.
En el dictamen, avalado con 84 votos en la sesión de este día, se prevé que el objetivo del ahora “Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos” sea reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente.
En la sesión de este jueves se aprobó la reforma que permitirá al Canal contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.
El Canal, de acuerdo con la reforma, gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objetivo, que son dictados por esta Ley, el Reglamento del Canal, los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe y emita la Comisión Bicamaral.
Para cumplir con su objetivo, agrega, contará con el presupuesto que cada Cámara le asigne, acorde a sus necesidades, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos.
Estos recursos deberán ser determinados por cada Cámara como anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación asignados al Poder Legislativo, y deberán ser entregados de manera directa e integral al funcionamiento del Canal para ser ejercidos en su calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal.