De 2014 a la fecha existen 90 mil personas víctimas de desplazamiento forzoso interno y de manera directa, o indirectamente, está vinculado con múltiples violaciones a los derechos humanos, por lo que requiere ser visibilizado, consideró el Quinto Visitador General de La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa.
Durante la presentación del Informe Especial de la CNDH sobre desplazamiento forzado en el Senado, el Visitador calificó como necesario modificar la Constitución para darle facultades al Congreso de la Unión y se pueda contar con la ley general de desplazamiento forzado.
Explicó que estos desplazamientos no siempre son consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales; sin embargo, la violencia, inseguridad, impunidad y “en términos generales, la debilidad del Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país un número considerable de mexicanos abandonen sus lugares habituales”.
Corzo señaló que esta acción de buscar otro lugar muchas veces se debe a cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia.
“En el reporte de la CNDH se da cuenta del reconocimiento bastante directo de cerca de 90 mil personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno; un dato que se obtuvo con base en una metodología elaborada por ese organismo, solicitudes de información a distintas autoridades estatales y municipales, y el análisis de diversos informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales”, expuso.
En su intervención, la senadora panista Gabriela Cuevas señaló que desde 2002 “México ya debía rendir cuentas ante organismos internacionales por las personas que se encontraban desplazadas de manera forzada”.
Manifestó que algunos estudios estiman que hay alrededor 280 mil personas desplazadas entre 2011 y 2015 en el país, y que de ellas 160 mil se vieron en la necesidad de movilizarse a causa de la violencia criminal.
Proyecto de ley
La CNDH informó que ya trabaja en el proyecto de ley general de desplazamiento forzado, que en breve será presentado; en tanto, el senador Zoé Robledo, del PRD, manifestó que el reporte de la CNDH es un paso fundamental para que las instituciones públicas asuman la existencia del fenómeno y la responsabilidad que conlleva para todos los niveles de Gobierno.