Los Gobiernos federal y de la Ciudad de México vivirán hoy la conmemoración del 51 aniversario de los hechos de Tlatelolco -la primera desde que asumieron el poder- y será, sin duda alguna, una prueba de fuego ante las provocaciones que se anticipan por parte de grupos anarquistas que han actuado de manera violenta en días recientes.

Lo sucedido la semana pasada en la capital mexicana durante la conmemoración del quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en una manifestación feminista ha puesto a prueba la capacidad del Estado para hacer uso de sus legítimas herramientas y proteger a la ciudadanía de actos vandálicos.

Por decisión propia, las autoridades han manifestado su intención de no actuar en contra de grupos provocadores, determinación que ha originado cuestionamientos por la falta de respuesta ante el daño patrimonial causado a particulares y al propio Estado, con la pinta de monumentos como Palacio Nacional.

El presidente López Obrador y la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, han reiterado una posición que parece inamovible: su gobierno no es ni represor ni autoritario, las libertades están garantizadas y el derecho a manifestarse se mantendrá intacto.

No se trata, como muchas voces han coincidido, de actos de autoritarismo. Se estaría hablando de la legítima fuerza de la que todo Estado tiene obligación de hacer uso para proteger a la nación y a sus ciudadanos. La definición del término represión es muy claro: es un acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española.

Contener a quienes dañan bienes públicos, destruyen mobiliario urbano, queman comercios, rompen vidrios, pintan monumentos y generan caos social difícilmente puede ser considerado como represión.

Dejar en manos de los ciudadanos la protección de las marchas a través de “cordones de paz”, como lo ha planteado el presidente López Obrador, es exponer a sus gobernados a la furia e intransigencia de estos grupos desestabilizadores que, a la mínima provocación, repetirán los actos cometidos en días pasados.

Es comprensible el dilema al que se enfrentan las autoridades y que ha originado el debate en torno a este tema: la permisividad de los cuerpos policiacos o el uso excesivo de la fuerza ante actos vandálicos. En medio de estos dos escenarios se encuentra, lisa y llanamante, la aplicación de la ley vigente.

Segundo tercio. Preocupante el resurgimiento de los grupos denominados anarquistas. Hoy veremos los alcances que puedan tener. Esperemos que el Estado cuente con las herramientas de Inteligencia suficientes para dar con el origen de estas provocaciones.

Tercer tercio. Hablando de impunidad, ayer el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente dio a conocer el costo de la falta de efectividad de las instituciones, más de 420 mil millones de pesos anuales.