A través de la Recomendación General número 28 sobre la Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y Distritales de la República Mexicana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó la atención sobre las diversas anomalías en esos centros.
La recomendación señala el funcionamiento registrado, en virtud de considerarse violatorio a los derechos humanos el internamiento de las personas procesadas o sentenciadas en estas instituciones.
El documento detalla que estos espacios fueron concebidos para que quienes infringen los reglamentos gubernativos y de policía cumplan un arresto administrativo, más no una pena de prisión.
Esto se desprende en lo establecido en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un comunicado.
“Por primera vez, este organismo autónomo emite una Recomendación General sobre el tema de las cárceles municipales, destacando en dicho documento la carencia de servicios existentes en esos establecimientos, lo que inhibe la meta a alcanzar en el sistema penitenciario, que es la reinserción social efectiva”; señaló.
Fueron informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), relativos a cárceles municipales en operación, realizados entre 2008 y 2015, los que advirtieron de las carencias de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna, segura y respetuosa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Durante mayo de 2016, la CNDH realizó una encuesta en las 91 cárceles municipales del país.
Destaca entre los resultados que, en dos de ellas no se les proporciona comida a los internos y es la familia la que se responsabiliza.
En 68 existían procesados y sentenciados, en tres únicamente sentenciados y en 16 sólo procesados.
Según la Secretaría de Gobernación, para mayo de 2016 se encontraba una población total de cuatro mil 27 personas; el 62.85 por ciento (2 mil 531) son “presos sin condena”.
dc