Desde 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica anualmente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Al día de hoy, ésta se ha convertido en referencia obligada para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y prevención. Hace unos días, el Instituto dio a conocer los resultados de la ENVIPE 2016 –http://bit.ly/2dhNquw-, sobre el comportamiento de estos fenómenos durante el 2015.

 

Por el formato de aplicación, la ENVIPE recoge “únicamente delitos que afectan de manera directa a las víctimas (robo, asalto, extorsión, secuestro, etc.) y que ocurrieron (…) a hogares y a personas de 18 años y más”, por lo que delitos sin una víctima concreta, “como el lavado de dinero, el tráfico de drogas, de armas o de personas, entre otros”, no se ven reflejados –http://bit.ly/2dhts3d-. Lo que sí captó fueron las 23.3 millones de víctimas del delito en 2015, y su tasa correspondiente de 28,202 víctimas por cada 100 mil habitantes.

 

Se concluye también que, “después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión sigue siendo el segundo delito más frecuente pues representa 24.2 % del total”, y que los hogares mexicanos gastaron 17.7 % más que en 2014 para protegerse de la delincuencia, recurriendo a nuevas cerraduras, puertas, rejas, etc. La infame “cifra negra” –el INEGI la define como “el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa”- creció de 2014 a 2015, de 92.8 a 93.7 %; entre las razones para no denunciar, el 33 % lo considera una pérdida de tiempo y el 16.6 % no lo hace por desconfianza en las autoridades. En el tema de la percepción ciudadana para con la inseguridad, 59.1 % la considera el mayor reto en su entidad, aún por encima del desempleo –40.8 %- y la pobreza –31.9 %-. En este sentido, el 72.4 % considera insegura la vida en su estado.

 

Estos datos, vertidos aquí de manera muy general, son cruciales para atacar eficazmente estos fenómenos; ciertamente, merecen mucha más seriedad y precisión que la mía. Sin embargo, no debemos –no podemos- omitir el factor humano: los mexicanos tras las cifras, y lo que le dicen a las autoridades a través de éstas. Parecieran gritarle a un grupo de espantapájaros.

 

A principios de este año, en mi familia sufrimos un episodio bastante desafortunado. Recurrimos a las autoridades y éstas nos apoyaron. Todo salió bien. Después del evento, ya con la cabeza fría, fue imposible no pensar en los miles de mexicanos que son dejados a su suerte por las autoridades. Como revela la ENVIPE, para una inmensa mayoría, éstas son el perfecto antónimo de solución. La historia que menciono, sin embargo, es de las pocas con un final feliz. En el oscuro campo de la seguridad pública mexicana, desenlaces así son una anomalía.

 

Cuando la mayor garantía de supervivencia es el azar o la “piedad” de los delincuentes, la cláusula que nos une como sociedad se rompe. México, un lugar tan inhóspito como contradictorio, necesita recuperar y relanzar esas garantías que sustentan su –hasta hoy rota- promesa nacional. Estudios como la ENVIPE, más que datos y gráficas, son recordatorios de eso.

 
@AlonsoTamez