A 10 años de la agresión a 11 mujeres en Atenco y Texcoco, y tras concluir el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso será turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

 

En diciembre de 2015, la CIDH le dio la razón a las denunciantes que sufrieron detención ilegal y arbitraria, actos de tortura física, psicológica y sexual, falta del debido proceso y denegación de justicia.

 

Las víctimas denunciaron que a pesar de que el propio Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en 2013, la justicia no ha llegado porque no se han tomado acciones para sancionar a los elementos de las fuerzas federales que participaron en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006.

 

“No hay una sola sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad, aspectos que para la CIDH comprueban la falta de cumplimiento del Estado de su deber de sancionar a todos los responsables”, informaron a través de un comunicado.

 

Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al pleno reconocimiento y erradicación de este fenómeno de plena vigencia hoy.

 

El análisis de la Corte IDH de ciertos aspectos del operativo policiaco de mayo de 2006 -incluyendo la planeación, realización, supervisión y posterior impunidad en relación con los graves actos ya comprobados ante la CIDH- será esencial en un contexto en que la respuesta gubernamental ante diversas expresiones de oposición social en los últimos años ha sido el uso arbitrario de la fuerza y la tortura por parte de agentes de seguridad sujetos a estructuras de mando, dañando familias, colectivos y comunidades.

 

El caso Atenco es muestra paradigmática de la impunidad vigente que posibilita la repetición crónica de graves violaciones a derechos humanos. La sentencia de la Corte IDH podrá ser una herramienta importante para combatir estructuras de impunidad a través de la sanción de todas las formas de responsabilidad en un caso concreto, aprovechando el alto grado de documentación de los hechos y el análisis de los órganos del Sistema Interamericano.

 

Finalmente, la lucha de las mujeres de Atenco podría ser una oportunidad para establecer medidas de no repetición que eviten que este tipo de hechos vuelvan a suceder, como la emisión de una verdadera ley de uso de la fuerza basada en estándares internacionales, el establecimiento de mecanismos de control y supervisión de operaciones policiales y la implementación de instrumentos especializados para la investigación y sanción de la tortura sexual.  dmh