Senadores de la República se sumaron a la compaña nacional “Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas”, que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas.
Al reunirse con los integrantes de las comisiones unidas Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Derechos Humanos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, propuso a los legisladores impulsar, como una nueva etapa de la campaña, la iniciativa denominada “432”, que busca difundir cuatro puntos de acción en las 32 entidades federativas: visibilizar, reflexionar, fortalecer y actuar respecto a este problema.
Al respecto, la presidenta de Comisión contra la Trata de Personas, Adriana Dávila, destacó que los dos últimos reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el diagnóstico que sobre la materia realizó la Organización de las Naciones Unidas, señalan con mucha claridad las deficiencias legales que existen en México y que tienen que ver con el bien jurídico tutelado con el tipo penal.
Dijo que el diagnóstico que emita la CNDH ayudará a entender la importancia de reformar algunos artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para combatir con mayor eficacia este flagelo.
Por la Comisión de Derechos Humanos, su presidenta, la senadora Angélica de la Peña Gómez, agregó que los delitos relacionados con la trata de personas trascienden los primeros tratados relativos a la esclavitud, pues estamos frente a circunstancias que implican las nuevas prácticas de la delincuencia organizada trasnacional y la impunidad por parte de autoridades encargadas de perseguir, impartir y procurar la justicia.
Propuso que el Canal del Congreso se sume a la transmisión de los spots realizados por la CNDH y confió en que este organismo sea un aliado para concretar las reformas a la Ley, perfeccionar el tipo penal, garantizar su aplicación y llegar hasta las últimas consecuencias a los delincuentes.
En entrevista al final del evento, el Ombudsman nacional, reprobó y condenó el ataque en contra del Ejército Mexicano en Sinaloa y destacó que esta conducta lamentable debe ser esclarecida, perseguida y sancionar a los responsables.
Asimismo, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno, a trazar un plan que permita tener policías preparados, profesionalizados y capacitados que puedan dar tranquilidad y paz a la sociedad; y en tanto las fuerzas federales deberán actuar en el marco de la Ley al brindar seguridad a la población.
Tarea que, reiteró, debe ser obligación de elementos civiles, pero que “lamentablemente las policías de diferentes estados del país fueron rebasados en la capacidad de respuesta” para brindar seguridad pública.
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