Con el voto en contra del PRD, por considerar que se anula el derecho de huelga de los trabajadores, senadores de la República aprobaron en Comisiones Unidas, reformas en materia de justicia cotidiana laboral en la que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin que esto signifique la suspensión de la función conciliatoria.
Al respecto, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, el priista, Enrique Burgos García, explicó que en el fondo, las reformas buscan evitar “de lo que siempre se han quejado, de chantajear, de que haya emplazamientos de huelga o contratos de protección”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado “a la reflexión” para revisar el artículo 123, apartado A, fracción 18, toda vez que se agregó una precisión para solicitar que, antes de que un sindicato emplace a huelga, acredite la mayoría de la representación de los trabajadores.
En ese sentido, advirtió que en los hechos esta reforma establece una anulación del derecho de huelga, aclaró que no están a favor de la simulación de los sindicatos, pero sí aseguró que los perredistas defenderán los derechos de los trabajadores. Y ahora “el PRI y el PAN, tendrán que pagar las consecuencias”.
Por ello, hizo un exhorto a los sindicatos a que se movilicen y expresen su posición ante el “atropello” de los senadores panistas y priistas con lo que dijo es una anulación del derecho de huelga.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el panista Javier Lozano Alarcón, manifestó que la reforma constitucional representa un cambio estructural porque administrativamente, las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo y serán transferidas al Poder Judicial.
En el dictamen se transfiere la impartición de justicia laboral al Poder Judicial en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
El texto de la iniciativa señala que en el orden federal habrá un órgano con autonomía de gestión y financiera, con un titular, que será propuesto en terna por el Ejecutivo federal y aprobado por dos tercios en su caso, por dos tercios del Senado de la República.
Mientras que en los estados, los organismos constituidos contarán con funciones conciliatorias y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.
De acuerdo con el priista, Enrique Burgos, lo que se busca es fortalecer el voto de los trabajadores en la elección de sus dirigencias gremiales, en la resolución de conflictos entre sindicatos y solicitud de suscripción de contratos colectivos.
otm