La Subcomisión de Examen Previo aprobó, por unanimidad, un acuerdo de trabajo para atender y desahogar de manera cronológica las 352 denuncias de juicio político que están pendientes de revisión desde el 2003.
Este órgano celebró su primera reunión ordinaria de trabajo seis meses después de que fue instalada, el 21 de abril pasado, y para atender una demanda de juicio de amparo donde un ciudadano reclama ante un juez federal por qué no se ha atendido su garantía constitucional de protección contra el abuso de poder de un funcionario.
El acuerdo establece que el análisis de los casos se dividirá en dos etapas: la primera, comprende las solicitudes recibidas durante la LIX LX y LXI legislaturas (de 2003 al 2012) y, la segunda, que se refiere a las LXII y LXIII legislaturas (2012-2016).
En la Subcomisión, que presiden conjuntamente los priistas Mercedes Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, la oposición empujó que la revisión de los expedientes se hiciera con base en la coyuntura de los casos.
La co presidenta, Mercedes Guillén, explicó a los integrantes de la subcomisión que existe un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que el análisis se haga de manera cronológica y que la metodología propuesta es consecuente con ese pacto, por lo que no estaba sujeto a cambios.
Luego de la reunión, Guillén Vicente admitió que la Subcomisión de Examen Previo debió haberse formado en otras legislaturas para evitar este rezago. “Pero ya ni nos queda ver hacia atrás sino entrarle al toro”, expresó.
La diputada priista comentó que el juicio político “es un procedimiento muy largo, en el cual el primer paso es el análisis de cada solicitud en esta subcomisión. Si pasa tendría que ir al pleno de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia”, agregó.
Y cuando se aprueba en esas tres comisiones “el expediente se remite a la Sección Instructora y de allí pasa al Pleno de la Cámara de Diputados” y una vez aprobado por éste pasaría al Senado de la República.
En cuanto a las posibles sanciones, Guillén Vicente dijo que “se trata de castigos políticos de inhabilitación o destitución del cargo”, según sea el caso, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La diputada concluyó la sesión de la Subcomisión sin establecer una fecha específica para una nueva reunión.