WASHINGTON. A tres semanas de las elecciones presidenciales, Donald Trump puso en duda la integridad del proceso electoral, pero aun cuando Estados Unidos ha padecido irregularidades desde su nacimiento, no hay evidencias de que el sistema esté amañado contra el millonario.
Durante sus 240 años de vida como nación independiente, la democracia de Estados Unidos ha sufrido problemas persistentes como el sufragio de votantes muertos en California, supresión de votantes latinos en Texas, votos quintuplicados en Nueva York y el asedio legal a votantes negros en Alabama.
En 1960, durante la elección de John F. Kennedy, los comicios fueron empañados por las acusaciones de fraude mayormente demócratas en Illinois y Texas, ambos estados ganados por Kennedy, pero que de haberlos perdido habrían dado el triunfo a Richard Nixon.
Filadelfia, cuna de la democracia estadunidense, fue sacudida en los 90 por el escándalo de una carrera senatorial que concluyó con la cárcel para el ganador que conspiró para alterar los votos; y en 1982 Chicago fue escenario del mayor juicio del país por fraude electoral.
En el año 2000, la batalla electoral en Florida entre Albert Gore y George W. Bush no sólo puso en tela de juicio el posible anacronismo del sistema de voto indirecto por la vía del Colegio Electoral, sino que develó las fallas de los sistemas automatizados de votación y conteo electrónico.
Y en 2008, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abrió una averiguación para determinar si la Coalición de Organizaciones Comunitarias para la Reforma (ACORN) emitió más de un millón de formas fraudulenta en apoyo al entonces candidato demócrata Barack Obama.
Como lo documentaron Larry Sabato y Glenn Simpson en su libro clásico Secretitos Sucios: La persistencia de la corrupción en la política americana, Estados Unidos tiene una “larga y deprimente historia de ser un refugio feliz para el ladrón de votos”.
Los académicos desenterraron una cadena de casos históricos de votaciones fraudulentas, que han incluido los votos de difuntos, electores inexistentes e incluso de proporciones de votación superiores a los del padrón electoral, prácticamente desde la fundación de la república.
Pero el carácter descentralizado de las elecciones de Estados Unidos -donde no existe una elección nacional sino 50 elecciones estatales y cuyo proceso es celosamente vigilado por miles partidarios de todos los partidos- hace, según expertos, como improbable un fraude generalizado.
De acuerdo con el historiador Julian Zelizer, de la Universidad de Princeton, es “virtualmente imposible” amañar toda la elección por el nivel de fragmentación del proceso electoral, dividido en más de 185 mil centros de votación a nivel nacional.
Aunque Trump ha hablado de la posibilidad de un fraude generalizado, partidarios suyos como el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, han sugerido que sólo se requiere la comisión de fraudes en algunos estados clave para alterar el desenlace en elecciones apretadas.
Encuestas muestran que las acusaciones de fraude potencial o irregularidades significativas han resonado más con los seguidores de Trump, pero el público estadunidense mantiene un mayoritario nivel de confianza de la integridad del proceso electoral de Estados Unidos.
Un 66% de los estadunidenses están muy confiados o algo confiados de que su voto será contabilizado de manera exacta el 8 de noviembre. En contraste, 30% no está muy confiado o no confía para nada, de acuerdo con el sondeo de Político.
Entre los seguidores de Hillary Clinton el nivel de confianza en el proceso se eleva a 85%. Pero entre los partidarios de Donald Trump, el nivel de desconfianza es de 48%.
Durante ciclos electorales previos han sido más frecuentes las quejas electorales de organizaciones liberales, aunque han estado más centradas en la supresión del voto antes de los comicios, a través de leyes o alteración de distritos electorales, más que en fraude abierto.
La Suprema Corte de Justicia falló este año a favor de una ley de reforma de nueve distritos de Arizona, un estado que históricamente vota por los republicanos, salvo en la elección de 1996 cuando votó por Bill Clinton.
Para mantener el peso electoral de los latinos, una comisión de Arizona asignó cuatro escaños seguros a los republicanos, dos a los demócratas y mantuvo tres competitivos. Los republicanos querían un mayor número de distritos seguros, pero perdieron la batalla ante el máximo tribunal.
En 2012, la Suprema Corte de Justicia aceptó revisar la constitucionalidad de una ley de Arizona que condicionó a sus residentes a probar su nacionalidad a fin de empadronarse para votar, el requisito fue impugnado por grupos hispanos que lo consideraron inconstitucional.
La intención de Arizona era evitar que inmigrantes indocumentados pudieran registrarse como electores, aún cuando no hay evidencia de casos generalizados de fraude electoral con esa modalidad.
En 2011, la legislatura republicana de Texas aprobó una ley similar donde obligó a los votantes a presentar una identificación con fotografía para emitir su sufragio, a pesar de que se registraron apenas 50 casos de fraude comprobados en una década.
Estadísticas de la NAACP muestran que 25% de los afroamericanos y 16% de los latinos carecen de identificación con fotografía, por lo que asegura que las minorías son afectadas en forma desproporcionada.
Texas es uno de los 17 estados del país en requerir la presentación de identificación con fotografía a la hora de votar, bajo el argumento de que se trata de un mecanismo apropiado para evitar la comisión de fraude electoral. En respuesta se han presentado media docena de demandas en contra. dmh