A principios de la semana pasada, la PGR concluyó una de las dos averiguaciones previas en las que se tiene como principal indiciado al gobernador con licencia Javier Duarte. Fue entonces que Ministerios Públicos se trasladaron a un reclusorio y solicitaron a un juez federal diversas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre ellas la de Javier Duarte.

 

Apenas el viernes 14 de octubre por la tarde se le vio por última vez en Veracruz a Javier Duarte; sus escoltas aún por la noche seguían a las afueras de su domicilio. Pero todo cambió la mañana del sábado, momento en que se presume que Duarte salió de Veracruz con rumbo desconocido.

 

Justo la tarde de ese 15 de octubre y alrededor de las cuatro de la tarde, la PGR fue notificada de que un juez había librado una orden de aprehensión contra el gobernador con licencia y otros funcionarios y personajes que la PGR identificados como los prestanombres de Duarte.

 

De acuerdo al expediente consignado, la PGR solicito 12 órdenes de aprehensión, entre ellas las de Duarte y dos mujeres que ya fueron detenidas. Con ello las autoridades buscan a otras nueve personas que el Ministerio Público identifica como prestanombres que operaban como accionistas y apoderados de empresas que participaron en operaciones de lavado de dinero, que obtuvieron de fondos públicos del estado de Veracruz.

 

Las irregularidades detectadas por el Ministerio Público en contra de funcionarios y personas morales y físicas que participaron en el lavado de ese dinero, y cuyo monto asciende a los 500 millones de pesos, son tan sólo parte de una de las cuatro averiguaciones previas que hay sobre el caso Veracruz.

 

Funcionarios federales revelaron que parte de las indagatorias van dirigidas contra diversos funcionarios de Veracruz que participaron en la entrega de recursos a las 33 empresas fantasma que logró ubicar la Secretaría de Hacienda.

 

Entre los nombres que aparecen en la averiguación previa están el de Astrid Elias Mansur, persona que entregó diversos contratos a la mayor parte de las empresas fantasma identificadas por la autoridad hacendaria. Esta mujer era la encargada del Despacho de Finanzas y Administración del DIF Estatal, y actualmente es la directora de ese organismo que encabeza Karime Macías, esposa de Duarte.

 

Y es justo a la esposa de Duarte a quien también se le menciona en las investigaciones por la aprobación, desde el DIF estatal, de diversos contratos a empresas que no licitaban. Junto con ella aparece Juan Carlos Rodríguez García, quien fuera director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social en el periodo en que fueron asignados contratos a compañías fantasma.

 

Un personaje clave en las pesquisas, y que podrá obtener fuero en breve, es Antonio Tarek Abdalá, quien ahora es diputado federal y fuera tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, cuya dependencia autorizó las partidas presupuestales para las empresas fantasma por un monto de 500 millones de pesos.

 

La historia de Veracruz aún no termina. Hay quienes dicen que en breve podríamos estar viendo un nuevo proceso penal, pero ahora contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. ¿Será?

 

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