Por primera vez, la Contraloría General de la Ciudad de México contará con nuevas herramientas para acercar los servicios de denuncia a la ciudadanía pues, a partir de diciembre, comenzará a funcionar la Contraloría Móvil, que operará con seis camionetas que se ubicarán cerca de dependencias gubernamentales y servicios públicos capitalinos.
El año pasado, la Contraloría General solicitó directamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una partida presupuestal de nueve millones de pesos para la implementación de este programa.
La Contraloría Móvil pretende combatir la corrupción mediante la recepción de quejas, análisis informativo, operativos, estrategias de prevención y trabajos de inteligencia ciudadana. Por ello, en su interior contará con equipo de última tecnología que permita cruzar la información obtenida e, incluso, hacer verificaciones en tiempo real.
Eduardo Rovelo Pico, titular de la Contraloría General, explicó en una entrevista con 24 HORAS que las seis unidades (cuya ubicación cambiará constantemente) se localizarán en distintas zonas cercanas a dependencias o instancias de gobierno que intervengan en la realización de algún trámite (como hospitales y juzgados cívicos).
Las camionetas funcionarán las 24 horas del día, los 365 días del año, para que la población pueda acudir y denunciar a algún servidor público o ser canalizado a la autoridad correspondiente para dar atención a su solicitud.
Como ciudadano, el contralor aseguró que “estamos cansados del mal servicio, de la dilación, de la extorsión, estamos cansados de que tengamos que pagar para que te atiendan; esa es una realidad en el mundo que genera un malestar evidente”.
“Lo que pretendemos es, de manera muy cordial e institucional, atender a la ciudadanía en el caso de tener conocimiento de que, por ejemplo, en el hospital no fue atendido, que en el juzgado cívico no se le leyeron los derechos”, dijo.
Explicó que más que una medida de prevención, la Contraloría Móvil funcionará para garantizar y facilitar la presencia de las autoridades competentes para realizar denuncias contra funcionarios públicos.