El dictamen de Morena relativo a la Ley de Amnistía fue hecho con dolo, con el objetivo de culpar injustamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, del encarcelamiento de varios jóvenes que son acusados del delito de alteración a la paz pública por desmanes ocasionados en el marco de la toma de protesta de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, delito que, por cierto, fue creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

 

Además su “supuesta” amnistía, podría generar mayores afectaciones para los detenidos al alterar sus procesos judiciales, por ello votamos a favor de la moción suspensiva presentada por la perredista Rebeca Peralta, así lo precisó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF), Raúl Flores.

 

Tras subir a tribuna y negar la existencia de “presos políticos” en la Ciudad de México, como afirma Morena, el diputado local consideró que dicho dictamen debía regresar a la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para su revisión pues, dijo, una ley de este calibre no debe formularse como un instrumento más de su estrategia política basada en el sistemático ataque hacia el gobierno de la Ciudad de México.

 

 

Pero no le vamos a hacer el caldo gordo a quienes quieren hacer una narrativa que insinúa que en esta ciudad hay represión generalizada como ocurría antes de la llegada de la izquierda, porque eso es una mentira. Se tiene que reconocer que si alguien no fue sujeto a responsabilidad debe quedar libre, pero no puede ser aplicada a aquellos que de manera generalizada se está aludiendo”, indicó.  

 

El también presidente del PRD-CDMX señaló que es lamentable, irresponsable e inaceptable que los integrantes de Morena y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luciano Jimeno Huanosta, pretendan equiparar una ciudad de libertades y de avanzada en materia de derechos humanos (hecho reconocido por organismos internacionales) como lo es hoy la Ciudad de México, con los regímenes arbitrarios y autoritarios priistas que precedieron a los verdaderos gobiernos de izquierda que con mucho esfuerzo y con ayuda de la sociedad civil han logrado ampliar y fortalecer los derechos de todas y todos los que viven en la capital.  

 

“Ni Morena ni nadie pueden catalogar a esta ciudad como represora como sí lo fueron los regímenes priistas de Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz o José López Portillo”, recalcó.

 

Flores García señaló que la Ley de Amnistía puede sonar muy efectista para fines mediáticos, pero jurídicamente es una aberración que puede afectar a los implicados en su posibilidad de obtener libertad anticipada o en la rectificación de la pena.

 

Añadió que Morena lo que debería estar haciendo junto con el PRD es acabar con todos los resabios de autoritarismo que quedan en nuestra legislación, comenzando por la abolición del delito de alteración de la paz pública. Pero señaló que, una vez más, Morena sólo quiere reflectores y navegar con una falsa bandera de que “ellos son los buenos” mediante un discurso fácil y demagógico de que Mancera es un represor.

 

En tanto, el líder perredista recordó que quien hizo modificaciones al Código Penal local para insertar el delito de alteración de la paz pública fue precisamente el líder de los morenitas, Andrés Manuel López Obrador, para ejercer represión nada más y nada menos que contra un líder del sindical, el entonces titular del Sindicato de trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, quien fue objeto de persecución por ejercer su libertad laboral y su derecho a la libre manifestación en las áreas de trabajo de dicho sistema de transporte por estar inconforme con las condiciones de trabajo en las que el político tabasqueño mantenía a dicho gremio.

 

“Incoherentes y olvidadizos como siempre. Si ellos no tienen memoria, si ellos no conocen a su líder, nosotros sí. En su momento Andrés Manuel en lugar de sentarse con el líder sindical del Metro, con un representante de la clase obrera a conversar sobre sus demandas, prefirió coartar, catalogarlo como delincuente y hacer una requisa ideológica del derecho que tienen los trabajadores y los sindicatos a manifestarse libremente respecto a injusticia laboral”, finalizó.