BRUSELAS. La Unión Europea y Canadá firmaron un acuerdo de libre comercio que se conoce como CETA y que ambas partes consideran el más ambicioso negociado nunca, pues además de eliminar barreras arancelarias introduce estándares normativos para incrementar profundamente los intercambios entre ambas economías.

 

“El CETA es el mejor y el más progresista negociado nunca por la UE”, declaró tras la firma el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para quien el acuerdo fijará los estándares de la veintena de acuerdos de libre comercio que negocia la UE con otros países.

 

Los representantes europeos y canadienses celebraron que se haya hecho realidad un pacto que, dicen, beneficiará a empresas y trabajadores.

 

El CETA, acrónimo en inglés de Comprehensive Economic and Trade Agreement, afecta a unos 545 millones de personas y tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros en la economía de la UE y de ocho mil en la de Canadá, según las instituciones europeas.

 

Se trata de un pacto que, además de eliminar tasas aduaneras y aceptar la homologación recíproca de normas que afectan a productos manufacturados, refuerza la protección de patentes farmacéuticas, convalida títulos universitarios y abre los mercados de licitaciones públicas, entre otros puntos.

 

Negociado desde hace siete años, no solo sentará la base para los futuros acuerdos de la UE, sino que sus promotores confían en que se convierta en el nuevo estándar para los pactos internacionales de libre comercio desde una perspectiva “progresista” porque beneficia a las clases medias, a las pequeñas y medianas empresas y a los actores económicos de ambos territorios.

 

La Comisión y el Consejo Europeo insisten en que eliminará anualmente más de 500 millones de euros en aranceles a las empresas europeas de forma que se dará durante “décadas” un impulso a las exportaciones, donde actualmente se encuentran 31 millones de los empleos de la UE.

 

Pero muchos, especialmente desde posiciones de izquierda altermundista y ecologista, han criticado el acuerdo, que consideran se ha negociado de manera opaca y redactado para beneficio de las multinacionales, al margen de los ciudadanos.

 

Los movimientos antiglobalización creen que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los Estados de administrar Justicia.

 

El CETA podrá aplicarse 95 % a partir del próximo enero, cuando está previsto que lo apruebe -sin dificultades- el Parlamento Europeo (PE). Pero para implementarse completamente, el acuerdo deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales de los Veintiocho, labor que se anuncia larga y farragosa.

 

Puntos controvertidos

 

Se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, conocidos técnicamente como ICS y previstos para resolver los litigios entre inversores y Estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias.