Siete de los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron en contra del proyecto presentado por Alberto Pérez Dayán, en el que se propone que cualquier persona podrá hacer uso del derecho de réplica cuando se sienta “agraviada” por la publicación de información, aunque ésta sea cierta y exacta.
La tarde de ayer, los ministros de la primera y segunda sala -a excepción de Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como el presidente Luis María Aguilar Morales, que se pronunciarán al respecto mañana- se posicionaron en contra del proyecto sobre derecho de réplica referente a los criterios sobre publicación de información falsa, inexacta y agraviante al considerar que su aprobación limitaría la libertad de expresión.
En el uso de la palabra, el ministro José Ramón Cossío Díaz sostuvo que el proyecto que prevé excluir como causa de réplica la difusión de información “falsa e inexacta” podría dar lugar a abusos que comprometieran de manera desproporcionada el mismo derecho que se busca proteger.
“Si fuera posible responder a todas las opiniones o críticas que se plantean en un medio de comunicación más allá de las informaciones falsas o agraviantes, se desvirtuaría la línea editorial de comunicadores y periodistas, ya que se verían obligados a conceder todos los pedidos de respuesta en función de un elemento tan subjetivo como sentirse agraviado, ofendido o vejado (…) se silenciarían voces y se domesticaría indebidamente el debate nacional”, argumentó.
Por su parte, Arturo Zaldívar afirmó que no comparte el proyecto al considerar que plantea “un derecho de réplica con una limitación excesiva al derecho de expresión”, lo que consideró, representa un riesgo no solamente para la democracia sino para la construcción de una sociedad libre.
“Al quitar inexacto y falso y dejar solamente lo agraviante, adicionando un supuesto diferente, lo que me parece es que se deja abierta la posibilidad a cualquier persona o sujeto que pueda decir de manera subjetiva que algo lo agravia sin ninguna base objetiva o normatividad lo que consideró que es profundamente peligroso para la libertad de expresión de nuestro país”, sostuvo tras anunciar su voto en contra.
Del mismo modo, la ministra Norma Lucía Piña Hernández anunció su voto en contra, al justificar que al considerarse a la libertad de expresión desde lo constitucional como pilar fundamental de la democracia, está debe estar protegida en toda su amplitud. En ese sentido sostuvo que no se requiere ningún cambio o derogación a la ley actual al considerar que en sus términos si garantiza la protección a los derechos de honra y reputación.
En el mismo sentido se pronunciaron los ministros Eduardo Medina, Javier Laynez Potisek, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco, quienes también ven en el proyecto a discusión un riesgo para la libertad de expresión.
En consecuencia, fue el proponente Alberto Pérez Dayan el único en manifestarse a favor del proyecto, tras insistir en que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto, encuentra su límite en el respeto a los derechos de los demás como lo es en específico la honra o reputación de las personas”.
Faltarían aún tres ministros en exponer sus opiniones, por lo que mañana Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como el presidente Luis María Aguilar Morales Pardo harán lo propio.