La estrategia de Donald Trump para deportar a tres millones de mexicanos, como lo prometió en campaña, comenzaría por los connacionales presos en las cárceles de EU, lo cual implica un riesgo social para nuestro país, dijo Cecilia Imaz Bayona, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
“Puede ser que empiece a vaciar cárceles de hispanos o latinos, ahí sí está muy complicado. Ya lo hicieron antes con las maras, hace como 20 años sacaron pandillas de Los Ángeles para sus países de origen como El Salvador y Guatemala”, comentó la académica durante la conferencia El riesgo de una crisis humanitaria: refugiados haitianos en el norte de México.
De acuerdo a datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, publicados el 26 de septiembre pasado, en aquel país hay 27 mil 957 ciudadanos mexicanos recluidos en cárceles federales.
Imaz Bayona explicó que esta táctica de deportaciones es por dos situaciones: la primera es la imposibilidad de expulsar de un país a millones de personas como lo propone Trump, y la segunda es que al enfocarse en reclusos, se estaría reforzando la idea de que los mexicanos somos delincuentes.
La académica de la UNAM señaló que la deportación de reclusos podría ser un problema, pues pese a que la mayoría de los detenidos son por delitos menores, existe la posibilidad de que vengan al país delincuentes peligrosos que eventualmente se enrolen en el crimen organizado.
Presos por delitos menores
En tanto, José María Ramos, investigador del departamento de Estudios de Administración Publica del Colegio de la Frontera Norte (Colef), considera que no habría grandes problemas, pues la mayoría de los reclusos están presos por delitos menores como conducir en estado de ebriedad, sin licencia de manejo o por violar el límite de velocidad, y no por asesinatos o violaciones, como lo ha dado a entender el presidente electo de Estados Unidos.
“La mayoría de las personas que han cometido homicidio son blancos, seguidos de afroamericanos y en tercer lugar hispanos, es un tema delicado”, consideró el académico.
Destacó que la mayor parte de los migrantes van a trabajar y no están relacionados con ningún tipo de delito, como ha dicho Trump desde que inició su campaña.
“Los casos de violencia en la cultura mexicana son muy escasos y no sucede lo mismo con poblaciones guatemaltecas u hondureñas, pero tampoco eso significa que todos ellos estén vinculados con situaciones delictivas”.
Mexicanos en EU
12 millones de mexicanos viven actualmente en Estados Unidos, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, en un acto público
Trump sólo puede expulsar a sentenciados
Especialistas explicaron que Donald Trump puede expulsar a los mexicanos encarcelados sólo si éstos ya fueron sentenciados por algún juez de ese país, de lo contrario, deberá esperar a que terminen su proceso judicial, tal como marca la ley de aquel país en la materia.
Roberto Carlos Hernández, académico internacionalista de la FES Acatlán de la UNAM y director de Grupo Consultor Interdisciplinario, dijo que una vez que Trump sea presidente tendrá la facultad de deportar, por medio de una Acción Ejecutiva, sólo a quienes ya están sentenciados.
“Hasta que una persona sea sentenciada es susceptible de caer en la Acción Ejecutiva. Si Donald Trump quiere empezar con los mexicanos que están en juicio tendrá que esperar a que sean sentenciados, y hasta entonces podrían estar dentro del supuesto para ser expulsados del país”, comentó el especialista.
En este punto coincidieron fuentes del Instituto Nacional de Migración, las cuales informaron que los connacionales encarcelados en Estados Unidos que se encuentran sujetos a un procedimiento judicial primero deben resolverlo para después ponerse a disposición de la autoridad migratoria, la cual determinará si los deporta como lo quiere Trump.
Frase
“Antes de tomar una decisión de deportar a los mexicanos que se encuentran en los centros de readaptación social de EU, se necesitaría un acuerdo entre ambas naciones”
Laura Del Alizal Arriaga
Doctora en estudios políticos por la Universidad de París X-Nanterre