RÍO DE JANEIRO. Dos ex gobernadores del estado de Río de Janeiro fueron detenidos en apenas 24 horas, uno acusado de crímenes electorales y el otro de corrupción, durante importantes operativos policiales.
El ex gobernador, Sergio Cabral, al frente del estado de Río de Janeiro de 2007 a 2014, fue detenido este jueves acusado de haber recibido millones de reales de la empresa constructora Andrade Gutiérrez durante obras en el controvertido Complejo Petroquímico de Río de Janeiro, conocido como Comperj en Brasil.
Cabral, miembro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente brasileño Michel Temer, habría recibido dinero ilícito de forma regular durante sus dos mandatos, según la policía y la fiscalía.
El ex gobernador también fue arrestado por otros desvíos de dinero público y lavado de dinero en obras en el estado de Río, según la fiscalía, en una nueva fase de la Operación Lava Jato que investiga un esquema de corrupción masiva creado alrededor de la estatal Petrobras.
Los investigadores sospechan que Cabral –influyente político en Río con lazos con el actual alcalde de la ciudad, Eduardo Paes-, habría recibido hasta 40.2 millones de reales (unos 12.5 millones de dólares) de dos empresas constructoras que se beneficiaron de licitaciones durante sus mandatos.
Mientras que Adriana Ancelmo, esposa de Cabral, también fue llevada a declarar, aunque no fue arrestada.
En marzo de 2008 fue inaugurada la obra, el Comperj, uno de los grandes ejemplos del impacto del esquema de corrupción entre constructoras y partidos políticos en Brasil.
El Comperj debía de albergar a partir de 2013 una refinería de petróleo, una planta de gas y otra petroquímica en un inmenso espacio de 45 kilómetros cuadrados en Itaboraí, una ciudad de la periferia de Río, pero pese a la inversión multimillonaria la obra jamás fue terminada por Petrobras.
El miércoles, el ex gobernador Anthony Garotinho (1999-2002) fue arrestado por la acusación de compra de votos en las recientes elecciones municipales en la ciudad de Campos de Goytacazes, en la que es secretario municipal y su esposa, Rosinha Garotinho, alcaldesa.
Ambos son sospechosos de usar un programa social municipal para comprar votos en los últimos comicios.
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