La Procuraduría General de la República tiene, por primera vez, la oportunidad de procesar en un período corto a ocho ex gobernadores, siete de ellos de origen priista y uno del PAN. De éstos, dos (Javier Duarte y Tomás Yarrington) cuentan con orden de aprehensión y están prófugos de la justicia y el panista (Guillermo Padrés) ya está sujeto a juicio.

 

Estos tres casos fueron la herencia que recibió de sus antecesores el actual procurador Raúl Cervantes, quien quiere ser el primer fiscal general de la Nación.

 

Sin embargo, varias fuerzas políticas y organizaciones sociales no desean darle su respaldo por la cercanía que tiene con Los Pinos y con el PRI, vínculos que, para muchos, no le dan la autonomía que requiere un fiscal.

 

Pero en el corto camino, Cervantes tendrá diversas oportunidades para demostrar si puede ser un fiscal autónomo; la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sin duda, le sumaría muchos puntos, pero no le sería suficiente.

 

Raúl Cervantes tiene en sus manos diversas denuncias hechas por los actuales gobernadores del PAN y de la alianza PAN-PRD, denuncias que al igual que el caso Javier Duarte detallan el saqueo y desfalcos a distintos estados.

 

Hace unos días, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, denunció ante la PGR a su antecesor, Roberto Borge, a quien acusó de la venta de nueve mil 500 hectáreas de terrenos que pertenecían a reservas del Estado y que representan una extensión de seis veces más de lo que es la zona hotelera de Cancún.

 

Carlos Joaquín aseguró que ésa sería la primera de varias denuncias que presentaría contra Borge, pues estaba encontrando más irregularidades en el estado. Sobre dicha denuncia, la PGR de Raúl Cervantes no se ha pronunciado ni siquiera para informar que investigará el caso conforme a derecho.

 

A mediados de octubre, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, envió a la PGR una denuncia de hechos, pues detectó que su antecesor, Egidio Torre Cantú, ordenó se le brindara protección y custodia ministerial al ex gobernador Tomás Yarrington. En la denuncia, García Cabeza de Vaca expuso que la gravedad del asunto radicaba en que el gobierno de Egidio Torre tenía conocimiento, hasta el 30 de septiembre pasado, de todos los movimientos de Yarrington, sobre quien, desde hace cuatro años, pesa una orden de aprehensión en México y en Estados Unidos.

 

La denuncia fue presentada en octubre pasado, y hasta la fecha la PGR tampoco ha dado respuesta a las autoridades de Tamaulipas sobre el seguimiento a la querella; vaya, ni siquiera han informado si ya se inició una averiguación previa o tan sólo se quedó en el archivo.

 

Por otra parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha señalado que la PGR cuenta con diversas denuncias contra su antecesor, César Duarte, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso indebido de funciones. En este caso, la PGR sólo ha informado que ya inició averiguación previa, pero no ha dado avance alguno.

 

Finalmente está por llegar a la PGR el expediente del ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, a quien se le atribuye un desfalco de cuatro mil millones de pesos en el estado, la entrega e inauguración de obras sin concluir, entre otras perlas.

 

¿Será que, en estos casos, la PGR de Cervantes también quiera dar resultados y muestra de la autonomía que tendrá como fiscal general de la Nación? Eso lo sabremos en breve…

 

@osdtagle