El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta reiteró la necesidad de que el nuevo Fiscal General de la República goce de plena autonomía una vez que entre en funciones; ante lo cual consideró que el actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes debe renunciar.
Además se debe reformar el párrafo segundo del Artículo Decimosexto de la Constitución Política, mismo que establece que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones quedará designado como Fiscal General de la República por 9 años.
“El titular de la nueva fiscalía no puede ser una designación de facto. Esto sería un pésimo mensaje hacia la sociedad”, consideró.
Explicó que esta disposición transitoria constitucional genera una condición política que imprime dificultad al tránsito legal hacia la autonomía del Ministerio Público. Y por ello en la sesión del próximo martes los senadores de su grupo parlamentario presentarán dos iniciativas: una de reforma Constitucional, y otra que regule la vida de la Fiscalía General de la República.
Barbosa Huerta sostuvo que los legisladores “debemos proponer instituciones que respondan a las grandes problemáticas sociales, como es la demanda de una adecuada procuración de justicia”.
Por ello, dijo el senador del PRD, es necesario reformar el párrafo segundo del Artículo Decimosexto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, además de expedir una Ley de la Fiscalía General de la República que garantice su adecuado funcionamiento.
Dijo que si Raúl Cervantes quiere ser Fiscal General, tiene que demostrar a la ciudadanía independencia del Gobierno Federal y someterse al escrutinio de la sociedad, afirmó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta.
“El Fiscal General de la República tiene que nacer con la legitimidad necesaria para ejercer verdaderamente sus funciones, y esto sólo podrá garantizarse si posee autonomía del poder público, del dinero y de los factores que tratan de incidir en las decisiones nacionales”, sostuvo.
El coordinador parlamentario señaló que se requiere una ley de la Fiscalía que garantice autonomía, un alto perfil en la función ministerial y de investigación, un ejercicio garantista de procuración de justicia, sistematicidad en la política criminal, vigilancia anticorrupción, controles democráticos y renovación eficiente del Ministerio Público.
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