En un segundo intento, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impulsa una reforma para prohibir que los servidores públicos gocen de un seguro médico privado con cargo al erario público, lo que significaría un ahorro anual millonario que podría reasignarse a infraestructura y acciones de beneficio social.
Al inicio de la 63 Legislatura, la fracción renunció al seguro médico de gastos mayores, lo cual implicará al término del trienio un ahorro de 18 millones de pesos para la Cámara de Diputados. Luego, Morena secundó la medida.
24HORAS publicó, en su edición impresa del 2 de noviembre, que de 2014 a 2016 se han gastado 11 mil 32 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores para el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos.
La exposición de motivos de la iniciativa para reformar el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la última licitación para otorgar el contrato bianual del seguro colectivo de gastos médicos mayores para las secretarías, entidades y organismos autónomos participantes, en la que se incluyen trabajadores de 178 dependencias, se tradujo en un contrato de Hacienda con la aseguradora MetLife por 2 mil 196 millones de pesos.
Los diputados ciudadanos contrastan este gasto millonario con la falta de acceso a servicios de salud y las carencias en los hospitales. Así refieren datos de la Secretaría de Desarrollo Social que indican que 21.8 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud.
“La erogación para el pago de seguros de gastos médicos mayores resulta un privilegio innecesario y excesivo, toda vez que esa misma cantidad podría sumarse al presupuesto total de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que brinda, según el artículo primero de su ley, en esencia, los mismos servicios que ofrecen las aseguradoras a través de hospitales privados con lo que respecta a atención médica”, se menciona en la iniciativa.
Una de las firmantes del proyecto, Claudia Corichi, explicó que recibir dicha prestación contraviene el principio que prohíbe la duplicidad de prestaciones para los altos funcionarios, que tienen derecho a la atención del ISSSTE, que incluye servicios médicos, atención funeraria y pensiones, entre otros.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, intenta colocar este tema de su agenda interna en las prioridades de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, pero con excepción de Morena, no ha encontrado eco ni siquiera en el PRD.