BRASILIA. La Cámara baja de Brasil aprobó unas nuevas medidas contra la corrupción, que aún deberán ser refrendadas por el Senado pero que ya abrieron frentes de conflicto con el Poder Judicial, que denunció maniobras para inhibir a los magistrados.
El proyecto endurece las penas contra algunos delitos de corrupción, pero introduce un polémico párrafo sobre los “abusos de autoridad” en que incurran jueces y fiscales, que pudiera ser condenados a prisión por causas genéricas, como actuar con “motivaciones político-partidarias”.
Esa ha sido una acusación recurrente de los sectores políticos salpicados por la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por lo que la propuesta ha generado un fuerte rechazo entre los fiscales del Ministerio Público, que temen una maniobra de “intimidación” contra ese proceso.
En una rueda de prensa, los responsables del caso Petrobras amenazaron hoy con renunciar al caso si esa propuesta fuera aprobada en el Senado.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos, que trabaja en ese asunto, aseguró que esa propuesta impedirá “la continuidad de cualquier investigación sobre poderosos, parlamentarios y políticos y “crea una intimidación” y un “riesgo personal” para los miembros del Poder Judicial.
En la misma rueda de prensa, el fiscal Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores del caso Petrobras, aseguró que la propuesta aprobada por los diputados supondrá “el fin” de ese proceso y dejará “herido de muerte al Estado de derecho”.
Los fiscales explicaron que todos los miembros del Poder Judicial están actualmente bajo las mismas leyes penales y civiles que rigen para todos los ciudadanos y que fórmulas como las propuestas por los diputados representan un “claro intento de intimidar e inhibir” las investigaciones contra “poderosos”.
Esa opinión fue respaldada por el presidente da la Asociación Nacional de Procuradores de la República, José Robalinho Cavalcanti, quien dijo al portal O Antagonista que “en una democracia se debe respetar la soberanía del Parlamento”, pero esa reforma “deja el camino abierto para venganzas contra la magistratura nacional”.
También reaccionó la Asociación de Jueces Federales de Brasil, cuyo presidente, Roberto Veloso, alertó de que “debilitar a la magistratura creando delitos por la actividad cotidiana de los magistrados es favorecer las prácticas de corrupción”.
El texto base del paquete de medidas contra la corrupción fue aprobado prácticamente por unanimidad, con una mayoría de 450 votos contra uno, pero la propuesta rechazada por los fiscales se incluyó en una serie de enmiendas discutidas tras esa primera votación.
En el caso de la enmienda que tipifica el abuso de autoridad de los jueces, que fue formulada por el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués), hubo 313 votos a favor y 132 en contra.
El autor de esa enmienda fue el diputado Weverton Rocha, jefe del grupo del PDT, que al igual que muchos parlamentarios, está acusado de supuesta corrupción ante la Corte Suprema, lo que despertó aún más suspicacias entre los fiscales.
El diputado Onyx Lorenzoni, instructor del proyecto, intentó convencer al pleno de rechazar esa enmienda, pero recibió un sonoro abucheo de la mayoría de los diputados.
“Creo que la Cámara perdió la última oportunidad de reencontrarse con la sociedad y se divorció de la población, al abrir un foso insondable con los ciudadanos”, declaró Lorenzoni.
El paquete de nuevas medidas contra la corrupción fue producto de consultas hechas por el Ministerio Público con la sociedad, pero el texto aprobado en primera instancia por los diputados, además de introducir el polémico párrafo, alteró muchas de las propuestas.
Una de ellas apuntaba a tipificar como delito el enriquecimiento ilícitos de funcionarios, que en Brasil se castiga aunque dentro de la generalidad de la corrupción y no en particular, pero esa propuesta fue simplemente retirada del proyecto en la Cámara baja.
Por el contrario, los diputados desistieron de promover la más polémica de las propuestas, que circuló la semana pasada en un texto sin autoría y que proponía una amnistía para delitos relativos a la financiación de campañas electorales, que son uno de los ejes de las investigaciones en Petrobras.
“No será punible en lo penal, civil o electoral la donación contabilizada, no contabilizada o no declarada, omitida u ocultada” si fue usada para financiar “la actividad política, partidaria o electoral realizada hasta la publicación de esta ley”, decía el documento que circulaba entre los diputados.
A esa maniobra le salió al paso el propio presidente Michel Temer, quien adelantó que vetaría toda iniciativa en ese sentido y anunció un acuerdo con el Parlamento para que ninguna propuesta de amnistía fuera siquiera discutida, lo que finalmente ocurrió.