Entre enero y junio de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) y otras fiscalías locales solicitaron a compañías de telecomunicaciones acceder a los Datos Conservados de 35 mil 778 ciudadanos, según el informe El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control.
El análisis de la Red en Defensa de los Derechos Digitales da cuenta de que sólo en el 1.09% (390) de los más de 35 mil casos de ciudadanos monitoreados, las fiscalías actuaron en el marco de la ley y se ciñeron a lo establecido en la Constitución.
De acuerdo con la organización, los Datos Conservados, “conocidos como ‘metadatos de comunicaciones’, pueden revelar cuestiones sumamente sensibles como las preferencias políticas, religiosas o sexuales; el estado de salud; las amistades y relaciones personales; y en general, dibujar de manera detallada información privada de todas las personas”.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada tras la Reforma del sector, obliga “a las empresas de telecomunicaciones a conservar, por un lapso de dos años, un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, así como la localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo”.
Para acceder a esos datos, que entre otros implican historial de llamadas y distintos tipos de mensajería instantánea, las autoridades deben presentar a las empresas una orden judicial federal; sin embargo, en el 98.9% de los casos presentados en el primer semestre de 2016, las fiscalías lo hicieron fuera de la ley, según el reporte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
El documento detalla que, entre enero y junio de este año, entes no identificados del gobierno accedieron a los Datos Conservados de seis mil 819 ciudadanos; la PGR de cinco mil 418; fiscalías no identificadas dos mil 959; la procuraduría de Veracruz de dos mil 460 ciudadanos.
Por lo tanto, son las instancias judiciales, locales y federales, que más recurrieron a las solicitudes de datos de ciudadanos para monitorear información sensible con hasta dos años de antigüedad.
Este diario solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías locales de la Ciudad de México y Veracruz su comentario acerca del informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, sin que se obtuviera respuesta hasta el cierre de esta edición.
La procuraduría de la Ciudad de México indicó que al ser un tema que involucra cadenas de custodia estaban impedidos a emitir comentarios.
En los otros dos casos no se obtuvo ninguna respuesta.
“Encontrarnos autoridades sin facultades”
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que en el informe encontraron “autoridades que no tienen facultades legales que han accedido a datos de usuarios (…) hemos encontrado empresas que no oponen ninguna resistencia”.
Abundó que encontraron “que la gran mayoría de los accesos a datos de usuarios son sin autorización judicial. Hemos encontrado un gasto impresionante en compra de equipo para espiar en muchos Estados que no tienen facultades.
En una entrevista con el programa televisivo Agenda Pública, señaló que el gran cuestionamiento para las autoridades es con qué fin recaban información de miles de ciudadanos de los que no se tiene certeza que deban ser espiados.