La sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno y la falta de personal en el penal mexicano de Topo Chico derivaron en la muerte de 52 internos este año, concluyó hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pidió a las autoridades corregir esta situación.

 

Durante la investigación de dos riñas en la prisión, ubicada en Nuevo León, la CNDH también detectó privilegios, objetos y sustancias prohibidas, y la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de motines y otros hechos violentos.

 

Según revelaron las autoridades en un cateo realizado luego de la primera riña entre presos, Topo Chico tenía celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares e incluso baños sauna.

 

También encontraron 120 puntas artesanales, 60 martillos, 28 piezas mecánicas y 86 cuchillos, así como varias dosis de marihuana, pastillas psicotrópicas y cocaína, entre otros.

 

La falta de disciplina e inadecuadas condiciones de habitabilidad del lugar obstaculizaron el acceso a una “reinserción social efectiva” e impidieron el mantenimiento del orden en la cárcel, lo que derivó en enfrentamientos entre grupos antagónicos de reos el 11 de febrero y el 1 de junio pasados, aseguró la CNDH en un comunicado.

 

En el primer motín fallecieron 49 internos y 34 más resultaron heridos, mientras que el segundo dejó un saldo de tres muertos y 21 lesionados.

 

Tras las riñas, la Comisión constató la prevalencia de deficiencias de carácter general, relacionadas con la gobernabilidad y las condiciones materiales, de infraestructura y personal que afectan la calidad de vida de los reos y menoscaban el respeto a su dignidad.

 

El personal de custodia no fue suficiente para garantizar la seguridad; en el primer evento el centro tenía 49 agentes para 3.984 internos, incluidas 480 mujeres.

 

En tanto, en marzo la cifra subió a 310 policías en tres turnos y, cuando durante el segundo motín la población interna era de 3.185 hombres y 425 mujeres.

 

Además, el organismo acreditó que las mujeres no cuentan con espacios de reclusión exclusivos para ellas, pues no existe una adecuada separación, y la convivencia con hombres se da con un deficiente control por parte de la autoridad penitenciaria.

 

Debido al número, las internas están “en situación de desventaja al ser alojadas en locales improvisados, precarios e inapropiados para ellas y sus hijas e hijos, viviendo en riesgo permanente de hechos violentos y en clara violación a una efectiva reinserción social”, denunció.

 

La CNDH indicó que todas esas omisiones, negligencias y carencias son el caldo de cultivo para la aparición de grupos de poder que imponen reglas en la cárcel, originando autogobierno, lo que vuelve intolerable la convivencia, genera el goce de privilegios, actos de extorsión y corrupción.

 

Ello da lugar a disturbios en los centros penitenciarios, siendo uno de los puntos de partida el conflicto de intereses entre grupos diversos, agregó.

 

Por ello, la institución emitió una recomendación dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para que atienda estas deficiencias y desarrolle una estrategia penitenciaria que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y prevenga su vulneración.

 

Le pidió que asigne recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una estancia digna y segura, con la disponibilidad de espacios suficientes, evitando sobrepoblación y hacinamiento.

 

Además, solicitó atención tanatológica y psicológica para los familiares de los internos fallecidos en los dos episodios de violencia registrados este año en el penal.

 

A las autoridades penitenciarias les instó a recobrar el control y gobernabilidad del penal, realizar la clasificación interna con base en los criterios de normas nacionales e internacionales y construir un centro exclusivo para mujeres, a fin de garantizar su seguridad y la de sus hijos.

 

También dotar a Topo Chico del equipo y la tecnología para la detección de sustancias y objetos prohibidos, y asignar personal de seguridad y custodia en número suficiente y capacitado en derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos.

 

Por último, la Comisión solicitó que, en un término no mayor de seis meses, se determine la responsabilidad administrativa de las autoridades encargadas del penal. JMS