La diputada local Margarita Martínez Fisher descartó que la nueva Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Legislativa capitalina arriesgue la propiedad privada.

 

También sostuvo que ese texto no implica ningún riesgo, ni de expropiación ni de confiscación de la propiedad y del patrimonio de ningún ciudadano o vecino de la Ciudad de México.

 

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó categóricamente que con ese nuevo ordenamiento se vayan a generar nuevos impuestos para los ciudadanos.

 

Explicó que, en ese caso, a lo que se refiere el texto aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es al valor generado cuando existan nuevos desarrollos inmobiliarios.

 

Puso como ejemplo que si hay un programa de vivienda nueva donde hubiera una densificación o se generan más niveles, es decir exista un potencial constructivo mayor, se tiene que pagar por ese valor, pero ese costo tendrá que ser erogado por los desarrolladores inmobiliarios, jamás por los vecinos.

 

Esos pagos, indicó, serán utilizados para hacer mejoras a la ciudad como banquetas, abasto de agua, drenaje, parques y otro tipo de equipamiento urbano, así como para la compra de suelo urbano para generar viviendas de interés social.

 

A nombre de la bancada de su partido, precisó que ese pago debe ser cargado a los desarrolladores, no a los ciudadanos, y sólo aplicaría cuando se pida la Licencia de Construcción o exista un cambio en el Uso de Suelo, como se establece en la Ley Federal de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.

 

Dejó claro que la diputación local de Acción Nacional defenderá en todo momento el derecho a la propiedad privada y al patrimonio de las familias.

 

Pero al mismo tiempo, añadió, “vamos a defender que los inmobiliarios paguen contribuciones para mejorar a la ciudad como se hace en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, entre otros.

 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF mencionó que su grupo legislativo además apoyará la petición del presidente de la Comisión de Gobierno para que la ley no se publique hasta que se eliminen conceptos que causan confusión y dar total certeza a los ciudadanos.

 

“Por ello vamos a solicitar al jefe de gobierno que no se promulgue hasta que las redacciones estén claras y no exista confusión, con el propósito de que los ciudadanos estén totalmente tranquilos”, remarcó la legisladora. JMS