El pago de aguinaldos y bonos para legisladores y funcionarios demuestra cómo debemos replantear el significado del servicio público al ser una labor para el bien del país, no filón de oro y manantial de inmorales e insultantes riquezas, advirtió la Arquidiócesis de México.
A través de su editorial publicada este domingo en Desde la fe y titulada Los inmorales, la Iglesia católica cuestionó los recortes drásticos que sufrieron sectores como el campo, desarrollo social, ciencia y tecnología, salud y cultura con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.
Al recordar que los representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobaron un aumento al salario de los trabajadores, al pasar de 77.04 a 80.04 pesos diarios, es decir, un alza del 3.9 por ciento, señaló que este incremento podría robustecer el poder adquisitivo de los trabajadores, siempre y cuando se mantengan los niveles inflacionarios de bienes, productos y servicios.
“Cabe mencionar que es la primera ocasión, en lustros, que esto ocurre. Datos del INEGI señalan que el poder adquisitivo del salario mínimo se recuperó en los últimos cuatro años un 15 por ciento, en términos reales. De acuerdo con los responsables, el proceso será gradual, extendiéndose hasta el año entrante para que los trabajadores tengan mejor capacidad de compra, repercutiendo en una mejor calidad de vida”, enfatizó.
La Arquidiócesis planteó que “si bien el alza al salario podría representar el fortalecimiento de la economía de los trabajadores, en nuestro país deben revisarse las condiciones de equidad y de distribución de la riqueza; nuestras leyes garantizan que los salarios sean justos para satisfacer las necesidades básicas de las familias mexicanas, pero tenemos serias divergencias que deberían interpelarnos si queremos alcanzar mejores condiciones de justicia económica; no obstante, aunque falta mucho para mejorar el poder adquisitivo de los mexicanos, es alentador saber que después de 40 años éste comienza a recuperarse”.
Criticó que el mismo presupuesto aprobado por los diputados no movió ni un peso a estas prestaciones frente a un país de pobres.
Por ejemplo, citó, “los senadores gozarán de una recompensa de fin de año de 234 mil 330 pesos; diputados, 140 mil 504 pesos, ambos con compensaciones anuales garantizadas en blanco, lo que significa montos desconocidos, bonos navideños y cajas discrecionales en lo oscurito y de espaldas al pueblo; el Auditor Superior de la Federación, 404 mil 278 pesos; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 586 mil 356 pesos; consejeros de la Judicatura, 378 mil 050 pesos; magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 586 mil 321 pesos; Consejeros electorales del INE, 537 mil 762 pesos; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 404 mil 138 pesos; comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, 403 mil 892 pesos; presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 411 mil 882 pesos; comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 352 mil 713 pesos; comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 399 mil 274 pesos; presidente del INEGI, 418 mil 767 pesos”.
La Iglesia finalizó la editorial con la pregunta: ¿Por qué los mexicanos debemos soportar estas compensaciones? ¿Para qué el populismo contra la pobreza cuando hay jugosas prebendas propias de sibaritas que engendran más burócratas ricos? ¿Por qué recortar lo esencial para solapar lo inmoral?
jram